Amnistía Internacional (AI) denunció ayer casos de maltrato, torturas e incluso violaciones en Turquía tras el fallido golpe de Estado y la posterior purga y arrestos masivos que ejecutó el gobierno de Recep Tayyip Erdogan y reclamó a Ankara "acceso inmediato" de observadores independientes.
Amnistía aseguró tener "informes creíbles" de que la Policía en Ankara y Estambul obligó a detenidos a estar en "posiciones de estrés hasta 48 horas, negándoles comida, agua y tratamiento médico", según un comunicado difundido ayer.
"En los peores casos algunos fueron objeto de golpes fuertes y tortura, incluida la violación", señaló la nota. Dada la gran dimensión de la ola de detenciones de la semana pasada, estas acusaciones "son extremadamente alarmantes", subrayó el director de AI en Europa, John Dalhuisen.
Según los testimonios de personas que hablaron con Amnistía y pidieron el anonimato por razones de seguridad, los presos están "recluidos de forma arbitraria, a veces en lugares informales" como centros deportivos e incluso establos.
Además, con frecuencia no fueron informados de los cargos de los que se los acusa, y les fue negada posibilidad de ver a abogados y familiares, "socavando su derecho a un juicio justo".
La ONG advirtió también que el aumento de la detención provisional de 4 a 30 días, una figura previa a la acusación formal, eleva el riesgo de que las personas torturadas y maltratadas, y destacó que "por definición" es arbitrario e ilegal "detener a gente en relación con un cargo penal sin demostrar que hay pruebas sobre la violación de la ley".
"Comprensiblemente, Turquía está preocupada por la seguridad pública en estos momentos, pero ninguna circunstancia puede justificar la tortura y otros maltratos, o la detención arbitraria", insistió Dalhuisen.
"Estas prácticas altamente irregulares, y que parece sistemáticas, deben ser investigadas", afirmó el director de AI Europa.
En consecuencia, Amnistía instó "a las autoridades turcas a cumplir con sus compromisos" internacionales en materia de derechos humanos y pidió el "acceso inmediato" de observadores independientes a todos aquellos detenidos por su presunta vinculación con el frustrado golpe militar del pasado 15 de julio.
Desde AI se advirtió que los "observadores independientes" deben poder acceder a "todos los centros de detención, oficiales y no oficiales" en Turquía, en donde "más de 10 mil personas han sido detenidas" tras el frustrado golpe.
En medio de una vorágine de cifras y versiones encontradas, el presidente Erdogani nformó la semana pasada que su gobierno ya había arrestado a 11 mil personas.
Amnistía aseguró tener "informes creíbles" de que la Policía en Ankara y Estambul obligó a detenidos a estar en "posiciones de estrés hasta 48 horas, negándoles comida, agua y tratamiento médico", según un comunicado difundido ayer.
"En los peores casos algunos fueron objeto de golpes fuertes y tortura, incluida la violación", señaló la nota. Dada la gran dimensión de la ola de detenciones de la semana pasada, estas acusaciones "son extremadamente alarmantes", subrayó el director de AI en Europa, John Dalhuisen.
Según los testimonios de personas que hablaron con Amnistía y pidieron el anonimato por razones de seguridad, los presos están "recluidos de forma arbitraria, a veces en lugares informales" como centros deportivos e incluso establos.
Además, con frecuencia no fueron informados de los cargos de los que se los acusa, y les fue negada posibilidad de ver a abogados y familiares, "socavando su derecho a un juicio justo".
La ONG advirtió también que el aumento de la detención provisional de 4 a 30 días, una figura previa a la acusación formal, eleva el riesgo de que las personas torturadas y maltratadas, y destacó que "por definición" es arbitrario e ilegal "detener a gente en relación con un cargo penal sin demostrar que hay pruebas sobre la violación de la ley".
"Comprensiblemente, Turquía está preocupada por la seguridad pública en estos momentos, pero ninguna circunstancia puede justificar la tortura y otros maltratos, o la detención arbitraria", insistió Dalhuisen.
"Estas prácticas altamente irregulares, y que parece sistemáticas, deben ser investigadas", afirmó el director de AI Europa.
En consecuencia, Amnistía instó "a las autoridades turcas a cumplir con sus compromisos" internacionales en materia de derechos humanos y pidió el "acceso inmediato" de observadores independientes a todos aquellos detenidos por su presunta vinculación con el frustrado golpe militar del pasado 15 de julio.
Desde AI se advirtió que los "observadores independientes" deben poder acceder a "todos los centros de detención, oficiales y no oficiales" en Turquía, en donde "más de 10 mil personas han sido detenidas" tras el frustrado golpe.
En medio de una vorágine de cifras y versiones encontradas, el presidente Erdogani nformó la semana pasada que su gobierno ya había arrestado a 11 mil personas.
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Amnistía Internacional (AI) denunció ayer casos de maltrato, torturas e incluso violaciones en Turquía tras el fallido golpe de Estado y la posterior purga y arrestos masivos que ejecutó el gobierno de Recep Tayyip Erdogan y reclamó a Ankara "acceso inmediato" de observadores independientes.
Amnistía aseguró tener "informes creíbles" de que la Policía en Ankara y Estambul obligó a detenidos a estar en "posiciones de estrés hasta 48 horas, negándoles comida, agua y tratamiento médico", según un comunicado difundido ayer.
"En los peores casos algunos fueron objeto de golpes fuertes y tortura, incluida la violación", señaló la nota. Dada la gran dimensión de la ola de detenciones de la semana pasada, estas acusaciones "son extremadamente alarmantes", subrayó el director de AI en Europa, John Dalhuisen.
Según los testimonios de personas que hablaron con Amnistía y pidieron el anonimato por razones de seguridad, los presos están "recluidos de forma arbitraria, a veces en lugares informales" como centros deportivos e incluso establos.
Además, con frecuencia no fueron informados de los cargos de los que se los acusa, y les fue negada posibilidad de ver a abogados y familiares, "socavando su derecho a un juicio justo".
La ONG advirtió también que el aumento de la detención provisional de 4 a 30 días, una figura previa a la acusación formal, eleva el riesgo de que las personas torturadas y maltratadas, y destacó que "por definición" es arbitrario e ilegal "detener a gente en relación con un cargo penal sin demostrar que hay pruebas sobre la violación de la ley".
"Comprensiblemente, Turquía está preocupada por la seguridad pública en estos momentos, pero ninguna circunstancia puede justificar la tortura y otros maltratos, o la detención arbitraria", insistió Dalhuisen.
"Estas prácticas altamente irregulares, y que parece sistemáticas, deben ser investigadas", afirmó el director de AI Europa.
En consecuencia, Amnistía instó "a las autoridades turcas a cumplir con sus compromisos" internacionales en materia de derechos humanos y pidió el "acceso inmediato" de observadores independientes a todos aquellos detenidos por su presunta vinculación con el frustrado golpe militar del pasado 15 de julio.
Desde AI se advirtió que los "observadores independientes" deben poder acceder a "todos los centros de detención, oficiales y no oficiales" en Turquía, en donde "más de 10 mil personas han sido detenidas" tras el frustrado golpe.
En medio de una vorágine de cifras y versiones encontradas, el presidente Erdogani nformó la semana pasada que su gobierno ya había arrestado a 11 mil personas.
Amnistía aseguró tener "informes creíbles" de que la Policía en Ankara y Estambul obligó a detenidos a estar en "posiciones de estrés hasta 48 horas, negándoles comida, agua y tratamiento médico", según un comunicado difundido ayer.
"En los peores casos algunos fueron objeto de golpes fuertes y tortura, incluida la violación", señaló la nota. Dada la gran dimensión de la ola de detenciones de la semana pasada, estas acusaciones "son extremadamente alarmantes", subrayó el director de AI en Europa, John Dalhuisen.
Según los testimonios de personas que hablaron con Amnistía y pidieron el anonimato por razones de seguridad, los presos están "recluidos de forma arbitraria, a veces en lugares informales" como centros deportivos e incluso establos.
Además, con frecuencia no fueron informados de los cargos de los que se los acusa, y les fue negada posibilidad de ver a abogados y familiares, "socavando su derecho a un juicio justo".
La ONG advirtió también que el aumento de la detención provisional de 4 a 30 días, una figura previa a la acusación formal, eleva el riesgo de que las personas torturadas y maltratadas, y destacó que "por definición" es arbitrario e ilegal "detener a gente en relación con un cargo penal sin demostrar que hay pruebas sobre la violación de la ley".
"Comprensiblemente, Turquía está preocupada por la seguridad pública en estos momentos, pero ninguna circunstancia puede justificar la tortura y otros maltratos, o la detención arbitraria", insistió Dalhuisen.
"Estas prácticas altamente irregulares, y que parece sistemáticas, deben ser investigadas", afirmó el director de AI Europa.
En consecuencia, Amnistía instó "a las autoridades turcas a cumplir con sus compromisos" internacionales en materia de derechos humanos y pidió el "acceso inmediato" de observadores independientes a todos aquellos detenidos por su presunta vinculación con el frustrado golpe militar del pasado 15 de julio.
Desde AI se advirtió que los "observadores independientes" deben poder acceder a "todos los centros de detención, oficiales y no oficiales" en Turquía, en donde "más de 10 mil personas han sido detenidas" tras el frustrado golpe.
En medio de una vorágine de cifras y versiones encontradas, el presidente Erdogani nformó la semana pasada que su gobierno ya había arrestado a 11 mil personas.