La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar ayer a un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) y dispuso la intervención de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez.
La sociedad pasará a ser "coadministrada" por un perito del Poder Judicial, que tendrá que ser un "especialista en casos de corrupción y delitos contra la administración pública".
Según precisaron fuentes de la Inspección General de la Justicia, la denuncia comenzó a raíz de una visita del organismo a la constructora, que no presentaba balances contables desde el 2010 y no renovaba a sus autoridades desde el 2011.
Como consecuencia de esta irregularidad, el inspector general de Justicia Sergio Brodsky le aplicó a la empresa y a su último presidente, Julio Mendoza, una multa de 60 mil pesos.
El organismo, encargado de fiscalizar a las empresas, pidió entonces una medida cautelar para que el cuerpo de peritos del Poder Judicial designe a un interventor que "coadministre" la sociedad y "preserve y regularice" a la compañía y a sus puestos de trabajo.
Si bien los directivos de Austral Construcciones también pueden apelar esta decisión, en principio ya se dio inicio al proceso y el Poder Judicial tiene entre diez y 15 días para designar al especialista que tendrá diferentes funciones dentro de la constructora.
La sociedad pasará a ser "coadministrada" por un perito del Poder Judicial, que tendrá que ser un "especialista en casos de corrupción y delitos contra la administración pública".
Según precisaron fuentes de la Inspección General de la Justicia, la denuncia comenzó a raíz de una visita del organismo a la constructora, que no presentaba balances contables desde el 2010 y no renovaba a sus autoridades desde el 2011.
Como consecuencia de esta irregularidad, el inspector general de Justicia Sergio Brodsky le aplicó a la empresa y a su último presidente, Julio Mendoza, una multa de 60 mil pesos.
El organismo, encargado de fiscalizar a las empresas, pidió entonces una medida cautelar para que el cuerpo de peritos del Poder Judicial designe a un interventor que "coadministre" la sociedad y "preserve y regularice" a la compañía y a sus puestos de trabajo.
Si bien los directivos de Austral Construcciones también pueden apelar esta decisión, en principio ya se dio inicio al proceso y el Poder Judicial tiene entre diez y 15 días para designar al especialista que tendrá diferentes funciones dentro de la constructora.
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La sociedad pasará a ser "coadministrada" por un perito del Poder Judicial, que tendrá que ser un "especialista en casos de corrupción y delitos contra la administración pública".
Según precisaron fuentes de la Inspección General de la Justicia, la denuncia comenzó a raíz de una visita del organismo a la constructora, que no presentaba balances contables desde el 2010 y no renovaba a sus autoridades desde el 2011.
Como consecuencia de esta irregularidad, el inspector general de Justicia Sergio Brodsky le aplicó a la empresa y a su último presidente, Julio Mendoza, una multa de 60 mil pesos.
El organismo, encargado de fiscalizar a las empresas, pidió entonces una medida cautelar para que el cuerpo de peritos del Poder Judicial designe a un interventor que "coadministre" la sociedad y "preserve y regularice" a la compañía y a sus puestos de trabajo.
Si bien los directivos de Austral Construcciones también pueden apelar esta decisión, en principio ya se dio inicio al proceso y el Poder Judicial tiene entre diez y 15 días para designar al especialista que tendrá diferentes funciones dentro de la constructora.
La sociedad pasará a ser "coadministrada" por un perito del Poder Judicial, que tendrá que ser un "especialista en casos de corrupción y delitos contra la administración pública".
Según precisaron fuentes de la Inspección General de la Justicia, la denuncia comenzó a raíz de una visita del organismo a la constructora, que no presentaba balances contables desde el 2010 y no renovaba a sus autoridades desde el 2011.
Como consecuencia de esta irregularidad, el inspector general de Justicia Sergio Brodsky le aplicó a la empresa y a su último presidente, Julio Mendoza, una multa de 60 mil pesos.
El organismo, encargado de fiscalizar a las empresas, pidió entonces una medida cautelar para que el cuerpo de peritos del Poder Judicial designe a un interventor que "coadministre" la sociedad y "preserve y regularice" a la compañía y a sus puestos de trabajo.
Si bien los directivos de Austral Construcciones también pueden apelar esta decisión, en principio ya se dio inicio al proceso y el Poder Judicial tiene entre diez y 15 días para designar al especialista que tendrá diferentes funciones dentro de la constructora.