En una extensa sesión que se prolongó por más de seis horas, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó ayer el Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio 2018. También se sancionó una ley para la ampliación del presupuesto fijado en la Ley provincial Girsu de 30 millones de dólares a 50 millones, se autorizó un endeudamiento del Ejecutivo por 115 millones de pesos para obras públicas, la creación del área de desarrollo sostenible de los diques, la Ley de Regularización de deudas tributarias de organismos públicos, Ley impositiva, y la modificación del Código Fiscal provincial, entre otras iniciativas.
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En una extensa sesión que se prolongó por más de seis horas, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó ayer el Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio 2018. También se sancionó una ley para la ampliación del presupuesto fijado en la Ley provincial Girsu de 30 millones de dólares a 50 millones, se autorizó un endeudamiento del Ejecutivo por 115 millones de pesos para obras públicas, la creación del área de desarrollo sostenible de los diques, la Ley de Regularización de deudas tributarias de organismos públicos, Ley impositiva, y la modificación del Código Fiscal provincial, entre otras iniciativas.
Una batería de 10 leyes fue aprobada ayer durante la primera sesión extraordinaria de la Legislatura provincial, la mayoría de ellas remitidas por el Poder Ejecutivo y muchas vinculadas a temas fiscales e impositivos de la provincia.
Uno de los temas de mayor debate fue el Presupuesto 2018, el cual fue aprobado en general por unanimidad, pese a algunas objeciones.
El bloque opositor planteó su desacuerdo en torno a la forma en que se dio tratamiento al mismo. El diputado Miguel Lembo señaló que "es una falta de respeto que se trate el Presupuesto de esta manera, teniendo en cuenta la importancia de esta herramienta. El martes nos acercaron el proyecto, es decir, hace menos de 48 horas, por lo que no tuvimos tiempo de analizar, estudiar y menos realizar aportes sobre los números".
Aclaró que si bien "no conocían en profundidad el proyecto, sin embargo, podemos cuestionar que no contempla una nueva pauta salarial" y aseguró que "no se puede hablar de austeridad, esto es ajuste", dijo.
También cuestionó que los créditos que solicitó el Ejecutivo para obras publicas y Girsu, no están contemplados en el Presupuesto.
Durante el encuentro parlamentario, también se dio luz verde a la Ley 6.047 que autoriza al Ejecutivo a adquirir un crédito por $ 115 millones que serán destinados para la ejecución de obras públicas y pavimentación, que otorgará el Banco Nación.
También se sancionó una ley que faculta al Ejecutivo a ampliar el crédito para el proyecto de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) con 20 millones de dólares más, que sumados a los 30 millones que originalmente contemplaba la iniciativa, ascendería a un total de 50 millones de dólares (900 millones de pesos), que serían otorgados por el Banco Europeo de Inversiones. Esta modificación se justifica en una ampliación del proyecto que contempla obras de infraestructura integrales en toda la provincia y compra de maquinaria, entre otros gastos.
Como Ley 6.050 se aprobó el proyecto según el cual se dotará de operatividad al Código Contravencional en su aplicación práctica. Además la Ley de Régimen de regularización de deudas tributarias, Modificación al Código Fiscal provincial y Ley impositiva, entre otras.
Crearán un área de desarrollo sostenible de los diques
Otra de las iniciativas que generó un amplio debate fue el proyecto de creación del área de desarrollo sostenible de los diques, que pese a los numerosos cuestionamientos fue aprobada con algunas modificaciones. La misma contempla la transformación de la zona de perilagos de los Valles considerada área natural protegida, en área de desarrollo sostenible, a fin de promover proyectos de urbanización sostenibles, el desarrollo turístico de la zona y la conservación del suelo, paisaje, agua y el aprovechamiento de energías renovables.
Uno de los cuestionamientos a esta iniciativa estuvo vinculada a que la zona oportunamente habría sido expropiada con otros fines, y actualmente pretende ser vendida como un “gran comercio inmobiliario”. Así lo mencionó la diputada Débora Juárez, quien manifestó que “este Gobierno pregona el cuidado del medio ambiente pero ahora pretende vender tierras para el desarrollo inmobiliario en una zona protegida”. La iniciativa fue aprobada con algunas modificaciones, entre ellas se agregó que todos los proyectos contenidos en la iniciativa deberán contar con la factibilidad ambiental pertinente, aplicando previamente mecanismos de participación ciudadana.