La comisión de Transporte y Servicios de la Legislatura jujeña se encuentra llevando adelante una serie de reuniones con cámaras, representantes, trabajadores y municipios de la provincia, a fin de presentar el proyecto de ley de “ Transitorio de Regularización del Transporte Compartido de Personas por Automotores”, elaborado por el Gobierno ante el crecimiento del transporte “ilegal” y las consecuencias que esto acarrea. 
El problema de la ilegalidad es una tendencia que se repite en la gran mayoría de las esferas de actividad social. Un ejemplo claro de ello, son los ya comunes remises interjurisdiccionales que se convirtieron en actores principales del paisaje cotidiano de la ciudad Este tipo particular transporte surgió en Jujuy hace más de diez años y poco a poco se fue instaurando como una alternativa para cientos de jujeños que por ganar tiempo o por comodidad, empezaron a optar por estos vehículos. La actividad, sin controles, tarifas, seguros, normas de seguridad, pago de impuestos y demás requerimientos básicos, fue proliferando año a año, generando un competencia desleal al sistema regular de transporte público provincial; propiciando al mismo tiempo el surgimiento de inversores “avivados” e inescrupulosos que hicieron de esta problemática, un negocio. 
Fueron varios los intentos que desde las gestiones al frente del ejecutivo provincial, buscaron una solución al conflicto, pero el tiempo fue pasando y todo quedó en meras promesas que nunca encontraron la puerta correcta que permitan regularizar el latente conflicto de los interjurisdiccionales. 
El actual gobierno provincial decidió tomar cartas en el asunto y tal como lo prometió Gerardo Morales, a fines del 2016 envió a la “Casa de Piedra” un proyecto de ley que busca dar una solución a un problema que sigue creciendo pese a las diversas herramientas implementadas para frenar su avance. 

El proyecto tiene carácter de excepción al Régimen del Estado de Emergencia del Transporte Automotor de Pasajeros.

 


“El descontrol, con pernicIoso efecto sobre la paz y el orden social, torna imperativo establecer un régimen que regule la actividad, en especial, dotándolo de controles, registro, seguridad, protegiendo prestadores que garantizan su sustento personal y familiar, desalentando lucro desmedido o actividades encubiertas garantizando el bien común y la sujeción a la ley, estableciendo un régimen excepcional que deberá ser completado por la reglamentación que puntualmente lleve a cabo, oportunamente, el Poder Ejecutivo Provincial”, reza la iniciativa que fue girada a la Legislatura el 11 de noviembre de 2016. 
El escrito se encuentra actualmente en la Comisión de Transporte y Servicio de la Cámara de Diputados de la Provincia, cuyos integrantes a partir de su ingreso, decidieron emprender rondas de dialogo con los diferentes actores intervinientes, con la mera intención de escuchar, analizar y contemplar las necesidades y sugerencias de cada sector. 
“Desde la Comisión empezamos a consultar con todos los que tienen intereses en este sistema. En principio le hemos presentado el proyecto a todos los municipios de la provincia, después a la Cámara de Transporte, a los sindicatos y también a los trabajadores que actualmente se encuentran en la ilegalidad y que son los que manejan los remises”, comentó al respecto Orlando Nieto, presidente de dicha comisión, quien mencionó que la iniciativa también fue expuesta ante la Policía, Gendarmería, Seguridad Vial y los autoridades de transito de cada uno de los municipios y comisiones municipales del territorio jujeño. 
De acuerdo a lo narrado por el legislador, el proyecto también fue presentado a la Asociación de Productores de Seguros de Jujuy, con el objetivo de conocer cuáles son las condiciones y requisitos que deben tener los vehículos para el ejercicio de la actividad, ya que “no es la mismo andar en ruta que en la ciudad. Tienen que tener todas medidas de seguridad correspondientes para el transporte de personas”. 
“Hoy estamos en esta ronda importante de consultas, esto lo estamos trabajando no solamente desde la Comisión de Transporte de la Legislatura sino también desde la Secretaría de Transporte de la provincia, y todos los intendentes”, ponderó Nieto, al tiempo que informó que durante los encuentros se abordaron principalmente aspectos técnicos de la norma en cuestión, a través de los cuales se busca definir cuáles serán los corredores, la cantidad de vehículos a habilitar por municipio (esto dependerá de la cantidad de habitantes) y precisas los servicios que prestarán debido a que dentro de este universo, también hay autos que se desempeñan como remises intermunicipales: “hacen viaje por ejemplo, desde Perico a Monterrico”.

Ejes que establece el proyecto de ley


La iniciativa define como autoridad de aplicación a la Secretaría de Transporte de la Provincia de Jujuy y crea el “Registro Provincial de Prestadores de Transporte Automotor Compartido Intermunicipal de Personas (Repptacip)”, que tendrá como objeto la inscripción de personas habilitadas para prestar el servicio. 
El proyecto remarca que la presente ley tiene carácter de excepción al Régimen del Estado de Emergencia del Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera. En todo lo no regulado en la misma, será de aplicación supletoria la ley Provincial 4.175 “Régimen del Servicio Público de Transporte”.
Además, aclara que sólo podrán inscribirse en el registro las personas que acrediten prestación efectiva, considerando únicamente a los que hayan sido registrados hasta el 15 de octubre de 2015 (último censo). 
En cuanto al cupo de vehículos a habilitar, sólo se autorizará un permiso por titular del vehículo y hasta un chofer alterno por permiso. En caso de vehículos en condominio, solo uno de los cotitulares podrá ser titular habilitado y permisionario titular.
Asimismo, el proyecto establece que la autoridad de aplicación será la encargada de reglamente el sistema de corredores, asignando un único corredor por vehículo habilitado, debiendo los permisionarios sujetarse al corredor único para el cual se los habilite. 
A fin de brindar transparencia, también los choferes de los remises deberán emitir un comprobante de pago por pasajero, con individualización de costo abonado y corredor, mediante el sistema que determine la autoridad de aplicación. 
Finalmente, remarca que los vehículos habilitados deberán cumplir con las paradas obligatorias de ascenso y descenso de pasajeros, que serán definidas por resolución de la autoridad de aplicación, previo acuerdo con los Municipios.

"Tiene que ser un proyecto viable"

“Esto es un tema complejo porque si bien no se trata del transporte público de pasajeros, este es un sistema alternativo que existe desde hace muchos años y que debemos brindarle un marco regulatorio”, expresó el diputado provincial Rodolfo Nieto, quien informó que todavía se encuentran dialogando con los diferentes actores involucrados, a fin de lograr un consenso. 
“Estuvimos en Ledesma, La Quiaca, Palpalá, la capital, San Pedro, hablando con los intendentes pero fundamentalmente con la gente de transporte de cada uno de los municipios, en función de ir cerrando la línea general de lo que tiene que ser este proyecto para que sea un proyecto viable”, enfatizó el legislador, a la vez que comentó que durante los encuentros mantenidos con cámaras y referentes del transporte urbano de pasajeros, los principales planteos estuvieron ligados a el blanqueo de la actividad: “nos piden que pongamos las reglas de juego claras y que estos vehículos tributen y paguen lo que tenga que pagar”. 
Nieto remarcó que si bien por lo pronto sólo se está trabajando en la adecuación del proyecto, “consideramos que en el mediano plazo ya vamos a estar en condiciones de sacar la ley”.

Empresarios se oponen a la ley 


El presidente de la Cámara de Transporte, Oscar Inklemona, remarcó que desde el sector al que representa rechazan rotundamente la reglamentación de los remises interjurisdiccionales, ya que aseguró afectan negativamente a “las empresas que trabamos de manera legal”. 
“Nosotros no queremos que se cree un nuevo servicio de transporte en la provincia y que se controle y destierre, a los servicios que se prestan en forma ilegal”, enfatizó Inklemona, quien subrayó que desde el empresariado jujeño consideran que de reglamentar el servicio, sería muy perjudicial “sobre todo teniendo en cuenta que lo que le interesa a esta gente es actuar en la informalidad y no creemos que la ley venga a cambiar eso”. 
Destacó que actualmente, las empresas de transporte se encuentran atravesando una grave situación financiera, cuya matriz problemática es la proliferación de remises ilegales: “las perdidas rondan el 40 por ciento de nuestra recaudación”. Ante esto, expresó el presidente, muchas líneas de colectivos no tienen prestación de servicio público “porque este tipo de servicio ilegal ha logrado desplazar a las empresas y llevarse los pasajeros que pagan; mientras que a los alumnos, profesores, fuerzas de seguridad, discapacitados, debemos llevarlos nosotros”. 
Asimismo, Inklemona consideró que de aprobarse la normativa no se regularía la actividad “ilegal”, ya que “los controles van a ser más laxos y no estrictos como nosotros pretendemos que sean”. 
En ese sentido, comentó que desde la Cámara de Transporte realizaron una presentación a la comisión de Transporte de la Legislatura jujeña, donde remarcan que “si la decisión política es autorizas este servicio”, los empresarios deberán ser considerados participes principales de la reglamentación de la ley: “queremos ser parte de las decisiones respecto a cómo van a ser los controles, donde y con qué autoridades, de manera que podamos revisar y controlar que se cumpla con todo”, sentenció. 

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