Tres personas prestaron declaración testimonial en una nueva audiencia por el juicio oral y público que se les sigue a 29 personas en el expediente 822/18 conocido comúnmente como "Pibes Villeros", entre ellos dos expertos en sistemas y comunicación e informáticas dependientes del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación.
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Tres personas prestaron declaración testimonial en una nueva audiencia por el juicio oral y público que se les sigue a 29 personas en el expediente 822/18 conocido comúnmente como "Pibes Villeros", entre ellos dos expertos en sistemas y comunicación e informáticas dependientes del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación.
El testigo Nestor Lezcano fue tesorero de la cooperativa palpaleña "Pan y Trabajo", cuyo presidente era Celestino Romay, testigo propuesto por los fiscales de Cámara y que fue imputado y detenido por falso testimonio en el mes de agosto pasado. Lezcano por poco corre la misma suerte que Romay, por sus respuestas evasivas y totalmente contradictorias a su declaración en instancias preliminares.
La presidente del Tribunal en lo Criminal Nº 3 María Alejandra Tolaba llamó la atención del testigo y le recordó que estaba bajo juramento, luego de varias respuestas que fueron evadidas, manifestando no recordar nada en absoluto.
Lezcano por arte de magia recuperó la memoria y dijo que la cooperativa de la que era tesorero nunca había construido viviendas, pero confeccionaban cheques a nombre de esta y ellos los endosaban y se los entregaban a los imputados Mabel Balconte, Graciela López y Javier Nieva.
Otro tramo de su declaración no quedó del todo claro, cuando fue consultado si la cooperativa de trabajo a la que pertenecía entregaba a los tres mencionados facturas en blanco, dijo no recordar, por el tiempo que había pasado.
El otro testigo que declaró ante el Tribunal fue el funcionario policial Alejandro Escalier, quien actualmente está a cargo de peritar dispositivos móviles requeridos en investigaciones por parte del Ministerio Público de la Acusación y cuando prestaba servicios en el Departamento de Operaciones Policiales dependiente de la Unidad Regional Nº 1, le solicitaron que investigue siete números de teléfonos de distintas líneas durante los días 10 y 11 de diciembre de 2015.
En su informe concluyó que uno de los números que estaba a nombre de la dirigente Milagro Sala, había solicitado respuestas de trámite de transacción de una entidad bancaria. Escalier tenía un cuaderno con apuntes sobre su informe, pero en audiencia no le fue permitido consultarlo, porque en su calidad de testigo debe exponer lo que se acuerda o lo que sabe.
El ingeniero en sistemas Marcos Tula Molina también prestó declaración testimonial y aclaró a los presentes que cuando se desempeñaba como funcionario del Ministerio Público de la Acusación, desde el Juzgado de Control que llevaba adelante la causa, se le había solicitado que analice alrededor de 300 herramientas informáticas que habían sido secuestrados en los allanamientos en domicilios de Milagro Sala y de otros imputados en la causa.
Respecto al informe que en su oportunidad elevó al juez de Control, no hubo algo específico de interés para la causa, debido a que no estaba detallado fehacientemente que era lo que se buscaba en los discos duros de las computadoras y notbooks secuestradas.
Por lo que analizó palabras claves en distintos formatos, que ya fueron remitidas e incorporadas como elementos probatorios.
Hoy se dará cumplimiento a una nueva jornada del debate, que investiga el faltante de más de 60 millones de pesos destinados a la construcción de "Núcleos Húmedos" a cargo de la red de organizacione sociales.