El conflicto con la comunidad Cueva del Inca sigue en pie. Sucede que quienes dicen ser propietarios de las 1200 has que constituyen el sector conocido como Finca Las Cortaderas, en Tilcara, se mostraron molestos con la resolución del juez Sebastián Cabana, quien decidió levantar la medida cautelar que tenían a su favor desde el 2015.
inicia sesión o regístrate.
El conflicto con la comunidad Cueva del Inca sigue en pie. Sucede que quienes dicen ser propietarios de las 1200 has que constituyen el sector conocido como Finca Las Cortaderas, en Tilcara, se mostraron molestos con la resolución del juez Sebastián Cabana, quien decidió levantar la medida cautelar que tenían a su favor desde el 2015.
"Están en un lugar donde no pagan alquiler, ni tributan, ni limpian. El negocio es redondo, pero para pocos", dijo Mendoza.
"Es un fallo insólito. Hace tres años se realizó una inspección ocular para determinar que las tierras son nuestras y no de la comunidad que las reclama. Quiere decir que uno borra con el codo lo que escribió con la mano", manifestó Mario Mendoza, administrador de la finca en pugna, en clara alusión a lo dictaminado por la justicia local.
En ese sentido explicó que el conflicto se inició en 2003, cuando la Unesco declaró la Quebrada de Humahuaca como "Patrimonio de la Humanidad". En ese momento apareció la comunidad Cueva del Inca, que reclamó ser dueña del sector bajo el sustento de ser "heredera natural". "No son originarios ni menos dueños ancestrales debido a que nunca vivieron ni ellos ni sus antepasados en estas tierras. Verónica Mamaní y su hermano Javier Alejandro Mamaní- referentes de la comunidad- son de Humahuaca, jamás vivieron en Tilcara", disparó Mendoza, quien aclaró que sus abuelos adquirieron los terrenos de manera legal en 1917 tras comprárselos a otros propietarios.
Lo curioso, añadió Mendoza, es el momento elegido por la comunidad para hacer el reclamo, "que siempre es fin de año, cuando saben que el Poder Judicial entra en feria y que coincide con la temporada turística de verano".
"¿Está bien que alguien instale un emprendimiento turístico en un lugar que no es de su propiedad? ¿Le cobran $300 pesos a cada turista que visita el lugar y llegan más 30 personas por día, eso está bien que pase?", se preguntó enojado no solo por la actitud de los integrantes de Cueva del Inca sino por la postura del juez, que denunció "misteriosamente cambio de criterio".
Ante esta situación pidió que el conflicto se resuelva lo antes posible debido a que no hay mucho para analizar. "Tenemos las escrituras, los servicios al día y todos los impuestos en regla para hacer uso de un lugar donde nacimos y queremos seguir viviendo", dijo.
Ante las imágenes que se difundieron de integrantes de la comunidad en huelga de hambre, Mendoza dijo que "solo colocaron una carpa por unas horas" para después retirarse a sus verdaderas casas. Además comentó que hay conflicto internos entre ellos y que están en constante disputas por dinero.