A un día de que finalice el plazo para participar de la licitación por la compra del Ingenio La Esperanza, dos presentaciones buscan frenar el proceso por considerar que fue realizado de forma irregular y fuera de lo que establece la Ley de Quiebra.
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A un día de que finalice el plazo para participar de la licitación por la compra del Ingenio La Esperanza, dos presentaciones buscan frenar el proceso por considerar que fue realizado de forma irregular y fuera de lo que establece la Ley de Quiebra.
Las presentaciones fueron efectuadas por la diputada provincial Alejandra Cejas y el Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros (Soea), bajo la figura de Sergio Juárez.
El pasado 14 de febrero, el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9, habilitado, Juan Pablo Calderón, a cargo de la quiebra del Ingenio La Esperanza SA, resolvió que Fiscalía de Estado y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia, en su carácter de autoridad de aplicación en razón del cumplimiento del artículo 7° de la Ley N° 5.929, que notifiquen a los potenciales interesados en la adquisición de los activos de la quiebra, que deben presentar las ofertas en un plazo ordenatorio que vence hoy 21 de febrero. Ante esto desde el Soea elevaron en la mañana de ayer en el Centro Judicial de San Pedro, un recurso de revocatoria solicitando la suspensión de la resolución judicial, por considerar que "obviaron todos los procedimientos legales que se tenían que hacer".
Por su parte, Alejandra Cejas sostuvo que decidió presentar el recurso por considerar que el proceso es "irregular y fuera de la normativa". "El Gobierno no puede desprenderse de uno de los patrimonios más importantes de la provincia, sin dar a conocer con exactitud cuál es el alcance de esta venta y sin permitir que se lleve adelante el control que corresponde que lo hace el Poder Legislativo y que hasta ahora no lo pudo hacer", enfatizó Cejas, quien informó que el recurso fue presentado el lunes último ante la Secretaría correspondiente.
Explicó que la decisión de ejecutar acciones legales responde a cuestiones particulares. En primer lugar, porque "entiendo que va a haber una afectación al patrimonio de la provincia de Jujuy porque se está haciendo la venta del Ingenio a 85 millones de dólares, cuando su precio es superior en al menos tres veces más".
Por otro lado, según expresó la diputada, la venta del complejo productivo estaría destinada al grupo colombiano Omega Energy aunque se haría a través de Nikoil Energy Corp SA, "una empresa offshore panameña que tiene 9.500 dólares de patrimonio. Lo cual dificulta que pueda cumplir con el valor que tiene el ingenio, que ronda los 300 millones de dólares, y es lo que nos hace dudar acerca de los verdaderos intereses que tiene esta venta".
Asimismo, aseguró que de continuar el proceso licitatorio se pone en riesgo la continuidad laboral de los 600 trabajadores que actualmente se desempeñan en el Ingenio, ya que "el pliego no los contempla".
En ese sentido indicó que una de las formas de finalización del contrato de trabajo, es la quiebra del empleador. Por lo tanto cuando se llama a una licitación, deben tener en cuenta a los trabajadores, "pero en este caso, en ninguna de las 11 páginas de la resolución dice algo al respecto".
"Es decir que no solamente están los 330 despidos que hubo en el mes de diciembre porque los pidió Omega, sino también convalida el despido de los otros 600 trabajadores que quedaron en La Esperanza", advirtió la diputada.
"Queremos evitar que se lleve adelante esta maniobra porque entendemos va en contra de los intereses de la provincia, de los trabajadores del Ingenio, los productores que trabajan en la microrregión de San Pedro y por sobre todas las cosas, porque necesitamos que el Gobierno aclare toda esta situación", recalcó Cejas, a la vez que mencionó que solicitó también se acepte su incorporación en la causa para seguir de cerca cada uno de los pasos que se ejecuten.
LA ESPERANZA. POR SU PARTE, DESDE EL SINDICATO REPLICARON LA MEDIDA.
Incumplimiento de la Ley de Quiebra
Con más detalles Juan Enrique Giusti, patrocinador legal de la diputada Alejandra Cejas, explicó que la iniciativa judicial surgió ante los numerosos incumplimientos a la Ley de Quiebra.
En esa línea dijo que al fracasar el avenimiento, “el Estado provincial debería haber continuado con el proceso licitatorio del año 2008, al que se presentaron cinco empresas pero que fue suspendido por el Superior Tribunal de Justicia a la espera de la aprobación de los pliegos”. Sin embargo, “nunca fue reanudado y el juez Juan Pablo Calderón lo declara abstracto, tomando una interpretación de la ley que sólo la hace él”.
“El procedimiento -acotó- tiene varios errores” porque no se cumplió el artículo 205 de la Ley de Quiebra.
En principio porque tomando como base la cantidad de hectáreas que tiene el Ingenio, “hoy más o menos estamos hablando que solamente el valor de las hectáreas está costando entre los 85 y 90 millones de dólares. Es decir que el precio que se pone como base que es la oferta de Omega de 85 millones de dólares, es sólo lo que vale el cañaveral”. Por lo tanto, “la unidad económica y los activos es como que van gratis”.
Giusti recalcó que tampoco se cumplió el inciso 5 del artículo 205 de dicha ley, donde se establece que las garantías que se tienen que presentar para la oferta son del 10 por ciento del valor, “y acá el juez está exigiendo sólo el 5 por ciento”.
“Acá no hay torpezas ni errores, acá hay una actuación exprofeso desde el Juzgado para convalidar este latrocinio a todos los jujeños”, apuntó el letrado quien calificó al proceso licitatorio como “exprés y sui géneris, por cuanto falla en contra de los derechos”.
Denuncia por prevaricato
En esa línea dijo por último que avanzarán con la denuncia penal por el delito de “prevaricato” contra el juez Juan Pablo Calderón por cuanto “está dictando una resolución arbitraria, a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley”. “El juez está haciendo una cosa, cuando la ley dice otra”, apuntó el representante legal de la diputada.