La Corte Suprema instó a que se investigue la conformación de la Sala I de la Cámara Federal que días atrás cambió la acusación contra el empresario Cristóbal López y dispuso su liberación, en la causa por la cual está sospechado de no pagar 8 mil millones de pesos en impuestos.
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La Corte Suprema instó a que se investigue la conformación de la Sala I de la Cámara Federal que días atrás cambió la acusación contra el empresario Cristóbal López y dispuso su liberación, en la causa por la cual está sospechado de no pagar 8 mil millones de pesos en impuestos.
Mediante un oficio enviado al Consejo de la Magistratura pidió que se "arbitren los medios" para que se investigue la conformación del Tribunal, integrado por Leopoldo Bruglia, Jorge Ballestero, y Eduardo Farah.
"Los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se dirigen a usted a fin de solicitarle que arbitre los medios que tiene a su alcance a los efectos de iniciar una investigación acerca del procedimiento de integración de los magistrados de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que en la causa nro. 4943/2016 López Cristóbal s/defraudación contra la administración pública, y además si existió alguna irregularidad en esa conformación", indicó el pronunciamiento firmado por los cinco jueces del máximo tribunal.
El planteo se produjo un día después de que la diputada y líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, pidiera formalmente al Consejo de la Magistratura que investigue a los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero por posibles coimas detrás del fallo que ordenó la liberación del empresario.
La dirigente oficialista reclamó puntualmente que se investigue "si hubo intereses económicos involucrados" en la sentencia que benefició al fundador del Grupo Indalo.
El asunto comenzó la semana pasada, cuando la Cámara Federal penal porteña falló a favor de la excarcelación de los empresarios, acusados de apropiarse indebidamente de unos 17 mil millones de pesos que debían haber pagado en calidad de impuestos por la venta de combustibles en las estaciones de Oil.
La sala de la Cámara Federal que intervino en el caso fue la que integran Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, quienes debieron convocar a un tercer juez para desempatar porque no se habían puesto de acuerdo en distintos aspectos del fallo.
El juez Ballestero sostuvo que era preciso cambiar la calificación de la causa de "administración fraudulenta" a "retención indebida de tributo" y dejar en libertad a López y a De Sousa, mientras que Bruglia se manifestó en dirección contraria.
El desempate quedó en manos del camarista Eduardo Farah que, según fuentes judiciales, fue convocado porque ya había intervenido en una de las causas contra López que tendría alguna vinculación con el expediente en el que se investiga la deuda de Oil Combustibles con Afip.
El fiscal Pollicita pide hacer efectivos los embargos
Fiscalía afirma que son 70 inmuebles;1.266 autos,vehículos y maquinarias;4 embarcaciones y 5 aeronaves.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer que se identifiquen los bienes del exdirector de la Afip Ricardo Echegaray para que se pueda proceder a los embargos dictados en la causa que investiga la supuesta retención indebida de unos 8 mil millones de pesos de impuestos por parte de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
El representante del Ministerio Público hizo esta solicitud para avanzar sobre las propiedades del exfuncionario nacional, del dueño del Grupo Indalo y de su socio, todos involucrados en la causa. Pollicita reclamó “identificar bienes y demás activos” de Echegaray para que se pueda hacer efectiva la medida dispuesta por el juez Julián Ercolini en febrero pasado.
En el escrito elevado al juez, Pollicita advirtió sobre “una posible dilapidación” de bienes que “conspire contra el eventual decomiso de los bienes producto del delito”.
El magistrado había ordenado el embargo de diferentes pertenencias de estos tres imputados para evitar el deterioro en el valor que pueden sufrir “por el paso del tiempo” durante el periodo que dure la causa.
La Fiscalía asegura que, en total, son 70 inmuebles; 1.266 automóviles, vehículos y maquinarias; 4 embarcaciones y 5 aeronaves las que están relacionadas con los presuntos hechos delictivos.
Por otra parte, Pollicita solicitó que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de los empresarios del Grupo Indalo y de todas las compañías que integran el conglomerado.
López y De Sousa están acusados de haberse apropiado indebidamente de 8 mil millones de pesos que debían haber abonado a la Afip por la venta de combustibles en las estaciones OIL, una de las firmas del holding. Ambos empresarios fueron liberados esta semana tras un fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña, que además cambió la carátula de la causa de “administración fraudulenta” a “apropiación indebida de tributos”.
La decisión de la Cámara de liberar a los empresarios y cambiar la calificación del delito de defraudación a evasión, una figura que se extinguiría con el pago de la deuda, será apelada por la querellante Afip y por el fiscal ante esa instancia Germán Moldes, en un intento de llegar a la Cámara Federal de Casación.