La Cámara Federal de Casación Penal determinó ayer que la causa por lavado de dinero contra el empresario detenido Lázaro Báez y el caso en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo deberán ventilarse en dos juicios orales separados.
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La Cámara Federal de Casación Penal determinó ayer que la causa por lavado de dinero contra el empresario detenido Lázaro Báez y el caso en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo deberán ventilarse en dos juicios orales separados.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal coincidió en que “la opción más conveniente es realizar juicios separados”.
La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala IV, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, quienes además le encomendaron a los Tribunales Orales sorteados para cada caso imprimir celeridad al trámite de las actuaciones, según consta en la resolución de ocho páginas a la que accedió Télam.
La Cámara de Casación tuvo que intervenir en un conflicto de competencias que se desató cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que tiene la causa de la obra pública en la que está imputada la expresidenta Cristina Kirchner, declaró la conexidad de ese expediente con la causa por lavado de dinero contra Báez y le remitió el caso.
El TOF 2 consideró que existe conexidad entre los expedientes ya que en ambas causas se encuentra imputado Báez y se investiga una asociación ilícita entre exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y empresarios de su confianza, durante el kirchnerismo. En tal contexto, el TOF 2 remitió las actuaciones al TOF 4 por entender que tenía la causa por el delito más grave (lavado de activos) y el segundo tribunal aceptó la conexidad pero declinó la competencia por considerar que las causas debían juzgarse separadamente debido a su complejidad, a fin de evitar el riesgo de pasar años sin una sentencia firme. En su fallo de ayer, Casación sostuvo que el TOF 2 deberá realizar el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública del gobierno kirchnerista en favor de Báez y que el TOF 4 deberá juzgar al empresario por las maniobras de supuesto lavado de dinero.
La Cámara de Casación tuvo que intervenir en un conflicto de competencias que se desató a raíz de las conexiones.