La justicia jujeña habilitó en la feria judicial la fiscalía a cargo de Aldo Hernán Lozano y el Juzgado de Control a cargo de Isidoro Arzud Cruz para avanzar con el expediente judicial conocido comúnmente como "Megacausa" y antes de entrar a la quinta semana de feria, se resolvieron planteos pendientes y se encamina de una vez por todas a su etapa final.
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La justicia jujeña habilitó en la feria judicial la fiscalía a cargo de Aldo Hernán Lozano y el Juzgado de Control a cargo de Isidoro Arzud Cruz para avanzar con el expediente judicial conocido comúnmente como "Megacausa" y antes de entrar a la quinta semana de feria, se resolvieron planteos pendientes y se encamina de una vez por todas a su etapa final.
El pasado 17 de enero, el juzgado de Control Nº 4 resolvió dar lugar al pedido de prisión preventiva para la dirigente social Milagro Sala solicitado por la fiscalía de Investigación Penal a cargo de Diego Cussel y los abogados defensores apelaron el fallo, solicitando la nulidad.
Las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario informaron que mañana el fiscal habilitado en feria, debe expedirse al respecto y remitir al juzgado de Control sus fundamentos.
Además durante la feria se resolvió no dar lugar a los pedidos de sobreseimiento de la causa al exgobernador provincial Eduardo Fellner y al jefe comunal capitalino Eduardo Jorge, también imputados en este expediente judicial.
Una de las abogadas del equipo de defensa de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta había manifestado que "se hizo la presentación justo cuando se cumplieron los tres años de detención con prisión preventiva (de Sala) sin ninguna condena firme y consentida, y hasta la fecha no tenemos respuesta".
Además Gómez Alcorta dijo que "la solicitud del pedido de libertad está fundamentada en la normativa procesal local, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
Desde mediados del año pasado se considera dar prácticamente por acabada la recepción de elementos probatorios (por los menos de los más importantes) en este complejo expediente judicial que investiga el faltante de una suma multimillonaria de pesos destinada a la construcción de viviendas sociales, que debía realizar la organización barrial "Tupac Amaru".
El pedido de declaración testimonial de los auditores Roxana Abud, luego Patricia Petroni y Oscar Siwal y lo dificultoso que fue dar con quienes habían sido colaboradores del exsecretario de obras públicas de la Nación, José López (también imputado) y trasladarlos a nuestra provincia, retrasó la investigación más de 3 meses pero permitió cerrar hipótesis que el Ministerio Público de la Acusación seguía y apuntaba a la total falta de control de obras hacia la "Tupac Amaru".
A fines del año pasado se terminaron de conocer la mayoría de los informes solicitados a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre los movimientos monetarios en las cuentas de los 23 imputados en esta causa, donde se investigó cuentas bancarias nacionales e internacionales y según se supo ya están incorporados como pruebas en el expediente.
Estas serían las pruebas que faltaban para solicitar la elevación de la causa a juicio oral.