El Tribunal Supremo de España condenó ayer a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los máximos líderes políticos y sociales del fallido proceso de secesión catalán de 2017, tras considerarlos culpables de delitos de sedición y malversación de fondos públicos, lo que desató protestas en toda Cataluña.
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El Tribunal Supremo de España condenó ayer a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los máximos líderes políticos y sociales del fallido proceso de secesión catalán de 2017, tras considerarlos culpables de delitos de sedición y malversación de fondos públicos, lo que desató protestas en toda Cataluña.
El exvicepresidente Oriol Junqueras, el político de mayor rango juzgado -ante la ausencia del expresidente Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica-, es quien recibió la pena máxima de 13 años de cárcel e igual período de inhabilitación, por sedición y malversación, delitos que fueron propuestos por la Abogacía del Estado, que representa al gobierno central. Los otros ocho dirigentes que esperaban la histórica condena en prisión, recibieron penas de entre 9 y 12 años, mientras tres políticos fueron encontrados culpables solo de un delito de desobediencia, por el que recibieron penas de 10 meses de multa, y 1 año y 8 meses de inhabilitación, con lo que eluden la cárcel. En su sentencia, el Tribunal Supremo descarta el delito de rebelión, lo que supone un revés para la Fiscalía -que pedía 25 años de cárcel-, y un golpe para los argumentos de la derecha y los ultraderechista de Vox, que como acusación popular exigían 75 años de pena contra los secesionistas por haber perpetrado un "golpe de Estado".
A pesar de que este triunfo sobre la tesis más duras, los líderes secesionistas rechazaron el fallo condenatorio, que criticaron en duros términos, al tiempo que llamaron a sus seguidores a salir a las calles a protestar. El exvicepresidente Junqueras dijo que la sentencia era "una venganza", mientras el actual presidente catalán, Quim Torra, la consideró un "insulto a la democracia" y un "desprecio a la sociedad catalana". Por su parte, Roger Torrent, presidente del parlamento catalán, se refirió al fallo como un "ataque a la democracia", al que hay que responder con movilizaciones pacíficas. Tras conocerse la sentencia miles de estudiantes cortaron las principales arterias de Barcelona con pancartas que reclamaban "Libertad para los presos políticos" y hubo protestas pacíficas en las céntricas plaza Cataluña y plaza Sant Jaume. Las manifestaciones fueron replicadas en otras ciudades catalanas.
Sin embargo, pasado el mediodía la mayoría de los manifestantes se trasladó al aeropuerto internacional de El Prat, situada a unos 20 kilómetros del centro de la capital catalanapara tomar la terminal.
“Las condenas injustas e inhumanas no nos apartarán”
El expresidente catalán Carles Puigdemont llamó a los catalanes a “hacer oír su voz”, tras asegurar que las condenas “injustas e inhumanas” contra sus compañeros políticos y líderes sociales que lo acompañaron en el fallido proceso de secesión de 2017, no servirán para acabar con la aspiración de independencia de Cataluña.
“No hay operación de propaganda que pueda tapar esta vergüenza”, aseguró Puigdemont en una comparecencia desde Bruselas, en la delegación del gobierno catalán frente a la Unión Europea.
“Las condenas injustas e inhumanas no nos apartarán de nuestras convicciones. Hoy queda más demostrado que nunca la necesidad de vivir en un país libre, donde haya una verdadera separación de poderes”, añadió el dirigente secesionista, quien huyó de España hacia Bélgica hace casi dos años, cuando fue imputado junto a sus compañeros de gobierno.
Puigdemont hizo su aparición pública sin aceptar preguntas horas después de que el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, instructor de la causa que juzgó a los líderes secesionistas, haya pedido la reactivación de las órdenes internacionales y europeas de detención en su contra por sedición y malversación de caudales públicos.
El expresidente afirmó que “la sentencia confirma la vía de la represión” y la “venganza”. “Han condenado a dos millones de personas”, dijo Puigdemont.
“Introducir una papeleta es la solución, y no el problema”, subrayó uno de los máximos líderes de los secesionistas en referencia al referendo de autodeterminación catalán del 1 de octubre de 2017, que se celebró bajo prohibición judicial y represión de la Policía.
Puigdemont llamó a los independentistas a “no resignarse” y movilizarse ante “un statu quo que nos reprime”. “Las elecciones del 10 de noviembre deben ser la respuesta”, señaló.