Donald Trump anunció ayer que decretará la "emergencia nacional", un procedimiento excepcional que le permitirá pasar por alto al Congreso de Estados Unidos para desbloquear fondos y construir su prometido muro en la frontera con México, abriendo una feroz batalla legal con sus opositores.
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Donald Trump anunció ayer que decretará la "emergencia nacional", un procedimiento excepcional que le permitirá pasar por alto al Congreso de Estados Unidos para desbloquear fondos y construir su prometido muro en la frontera con México, abriendo una feroz batalla legal con sus opositores.
El muro costaría unos 21.600 millones de dólares y tardaría tres años en construirse, según el Departamento de Seguridad.
"Todo el mundo sabe que los muros funcionan", aseguró el presidente estadounidense en rueda de prensa desde los jardines de la Casa Blanca, en la que evocó una "invasión" de inmigrantes en situación ilegal, así como el ingreso constante drogas y delincuentes.
El procedimiento teóricamente le permite saltarse al Congreso para desbloquear fondos -principalmente destinados a defensa- para construir el muro con el que pretende frenar la migración desde Centroamérica.
Trump reconoció que ahora espera que se interpongan medidas judiciales contra su declaración, aunque demostró una confianza que sin duda es respaldada por los jueces conservadores que ha nombrado para la Corte Suprema.
"Afortunadamente vamos a ganar", subrayó.
Casi de inmediato, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que la decisión generará "una crisis constitucional" y que por ello la recurrirá.
Esto se convierte en el punto de partida de amargas luchas políticas y judiciales, ya que la voluntad del presidente de colocar este "magnífico muro" por sobre todo lo demás, incluida la separación de poderes, según sus adversarios, está generando duras críticas.
Los líderes demócratas en el Congreso Nancy Pelosi -presidente de la Cámara de Representantes- y Chuck Schumer -líder del partido en el Senado- enseguida reaccionaron contra el anuncio de Trump.
"La declaración ilegal del presidente sobre una crisis que no existe violenta gravemente nuestra Constitución y hace a Estados Unidos un país menos seguro, al robar fondos urgentemente necesarios de Defensa destinados a la seguridad de nuestros militares y nuestra nación", dijeron en un comunicado conjunto.
En filas demócratas se considera que se incurre en un grave abuso de poder y ven en esta decisión una maniobra política baja de un presidente debilitado por la pérdida de la Cámara de Representantes en noviembre y su retiro a fines de enero del enfrentamiento en el cual se había enzarzado con el Congreso por el tema de la inmigración.
Sin embargo, la Casa Blanca afirma que esta iniciativa es la marca de un hombre que no olvida sus promesas una vez en el poder.