Ante el trabajo que vienen realizando las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de personas en todo el país y particularmente en la zona de las fronteras, la División de Trata y Leyes Especiales de la Policía provincial informó que hasta el momento se presentó una denuncia por caso de trata en Jujuy en lo que respecta al primer trimestre del año.
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Ante el trabajo que vienen realizando las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de personas en todo el país y particularmente en la zona de las fronteras, la División de Trata y Leyes Especiales de la Policía provincial informó que hasta el momento se presentó una denuncia por caso de trata en Jujuy en lo que respecta al primer trimestre del año.
En el hecho está involucrada una familia de gitanos que residen en la provincia y que habrían comprado bajo la modalidad de su cultura a una joven oriunda de Córdoba que era víctima de carga laboral y actividad sexual por la familia que la trajo hasta Jujuy. Con 17 años, la adolescente se encuentra en un hogar para preservar su integridad física y con custodia policial.
Este tipo de delito que tiene como fin la explotación sexual y laboral de quienes son sometidos, ya se registraban por la participación de los efectivos detectando la situación y procediendo al rescate de las víctimas tanto en la zona de frontera Villazón-La Quiaca, como en los controles que despliega la Gendarmería Nacional en las rutas; sin embargo no se tenía registro de circunstancias que involucraran a personas dentro de la provincia en este 2019.
En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Beatriz Valdez, subcomisario de la División de Trata y Leyes Especiales de la Policía explicó que en lo que va del año "sólo se presentó una denuncia a principios de enero que fue de una chica gitana. Ella vino sola a la Seccional Primera diciendo que venía de la ciudad de Córdoba y que la habían comprado. Además del abuso sexual al que era sometida por el marido, también la suegra la explotaba, la hacía trabajar en las tareas domésticas para 10 personas".
"Como es una menor de 17 años se la puso a disposición del Juzgado Federal y declaró en cámara gesell. Nosotros tenemos los primeros dichos de ella pero no hay una denuncia fija por ser menor de edad. Pero en cámara gesell tiene un representante legal, ella declaró y el hecho está caratulado como presunta trata de persona", añadió.
La subcomisario dejó en claro que en este tipo de delito intervienen siempre los Juzgados Federales y que las denuncias se pueden hacer en cualquier comisaría, fiscalía y brigadas de investigaciones. Aunque no siempre se necesita de la denuncia para iniciar el protocolo para dar con el foco de la situación.
"No hace falta una denuncia, podemos iniciar de oficio con un llamado anónimo o un informe y aviso al 911 y nosotros intervenimos. No hace falta una denuncia primeramente para que se active el protocolo. Si denuncian en la comisaría, fiscalías o en las mismas brigadas de investigación tiene el mismo trámite. Primeramente al Juzgado Federal se lo consulta", manifestó Valdez.
En igual sentido la subcomisario dijo que muchas veces se reciben llamadas falsas y que ante esos casos y "cuando son falsos si tenemos el tiempo disponible nos ocupamos de ello para establecer de dónde proviene la llamada. En sí cuando se comunican con el 911 el número de donde proviene la llamada queda registrado", enfatizó.
Para denunciar este tipo de hechos, las personas que se vean en esta situación pueden llamar familiares, amigos, conocidos o quienes evidencien estas circunstancias. Se pueden comunicar al 145 o al 0800-555-5065 las 24 horas del día o denunciar en cualquier comisaría.
Justicia y las prácticas culturales
Muchos son los hechos y acontecimientos donde la Justicia tiene que interceder o estudiar en profundidad las situaciones por las costumbres y manifestaciones culturales que llevan adelante un conjunto de personas mayoritariamente o entre familias y que las consideran esenciales para su estilo de vida.
Tiene que quedar a decisión y criterio de un juez particular o un tribunal de las distintas cámaras en general considerar si las prácticas culturales son o no argumentos para llevar a cabo procesos que pueden convertirse y terminar en presuntos delitos. Tal es el ejemplo de la transfusión de sangre para los que profesan la religión “Testigos de Jehová” donde un Juzgado debe emitir un fallo para obligar a una familia a que acepte ese proceso sanitario. Otro es el caso de los gitanos para quienes la compra de las personas, al momento de contraer matrimonio, sigue siendo una práctica cotidiana.
Ante la denuncia que se presentó y se registró como la primera de éste 2019, en tema de trata de persona y que fue radicada en la seccional primera del barrio Gorriti por una joven de 17 años, ella es de descendencia gitana y de acuerdo a la práctica, está argumentado el hecho de la compra para casarse. Por lo que la Justicia Federal deberá estudiar en profundidad. “Ateniendo a las costumbres que tienen ellos, no es novedoso que los gitanos se compran. Ellos compran a dotes y no sé si el Juzgado Federal contemplará la "cultura’ en esos tipos de circunstancia y para esta clase de gente. Por esa cuestión no está caratulado por la Fiscalía pero esa menor está contenida, en un hogar y con custodia policial”, dijo la subcomisario Beatriz Valdez.
Piden el DNI en colectivos
Una de las medidas que adoptaron tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de Transporte, más la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (Cnrt) fue solicitar el documento nacional de identidad de todos las personas que transiten por las rutas de las provincias.
Ante cada control, se debe mostrar la documentación pertinente.
A su vez, para realizar los viajes en colectivo de larga distancia, el pasajero que aborde la unidad tiene que mostrar su documento y éste debe ser el mismo que figura en el pasaje.
Sin embargo, si no se cuenta con la identificación, no se puede subir al micro.
El cumplimiento a rajatabla de este requisito permite evitar posibles casos de trata de personas a través de unidades de transporte de pasajeros.
Trabajos forzados
Otra de las situaciones donde se puede llegar a presentar casos de trata de personas, es en los trabajos. La imposición para hacer trabajar a alguien o que sufra de explotación en su ámbito laboral.
La subcomisario Beatriz Valdez de la División de Trata y Leyes Especiales dejó en conocimiento que trabajan en conjunto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en controlar la finca de tabacaleros que muchas veces para la cosecha de tabaco los padres llevan a sus hijos a este tipo de actividad.
Valdez dijo que en estos casos no se separa a los padres de los hijos, sino que se les explica la situación de trabajo infantil para que no lo realicen.
Penas de hasta 15 años por el delito
Siempre se genera la duda sobre cuándo es el momento correcto para hacer la denuncia de una persona desaparecida o si se tiene la incertidumbre de su paradero. Para aquellos que delinquen con el tráfico y explotación de personas, la pena máxima es de 15 años. La última modificación que tuvo la ley que penaliza la red de trata de personas, fue en el 2012 y modificó las penas que estipulan en el Código Penal. Si se cae en el tráfico de personas menores de edad la pena es de 6 a 15 años. En tanto que para aquellos mayores de edad y que están siendo víctimas de trata por familiares o desconocidos, la condena es de 4 a 10 años de prisión.
Beatriz Valdez indicó que “se tiene que comprobar la situación de indefensión de la víctima. No precisamente que esté encerrada en un lugar sino que no tenga medios para comunicarse con sus familiares o para trasladarse”. “Lo primero que se hace es consultar con el Juzgado Federal. Se consulta con la Fiscalía”, apuntó.