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La familia de Alberto Samid llegó a Belice y se resuelve su expulsión

Su esposa y su hijo denunciaron que no está recibiendo el trato adecuado por su estado de salud. Se confirmó por dónde escapó el empresario de la Argentina.

Lunes, 08 de abril de 2019 11:20

La esposa y el hijo de Alberto Samid llegaron el domingo a Belice, donde el empresario está detenido desde el sábado, para comunicarse con él y conocer sobre su situación y la posibilidad de que sea expulsado del país.

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La esposa y el hijo de Alberto Samid llegaron el domingo a Belice, donde el empresario está detenido desde el sábado, para comunicarse con él y conocer sobre su situación y la posibilidad de que sea expulsado del país.

Marisa Scarafia y su hijo José Samid llegaron poco después del mediodía a la localidad de San Pedro, ubicada en Cayo Ambergris, una de las islas al norte del país, y se dirigieron directamente al lugar donde está detenido el "Rey de la carne", donde tuvieron un breve contacto.

De acuerdo con el diario local The San Pedro Sun, José manifestó que su padre no recibe el trato adecuado en la estación policial de acuerdo a su estado de salud ya que no está tomando los medicamentos que necesita para controlar su diabetes y su presión arterial e indicó que junto a su madre buscarán contratar un abogado para ordenar su situación.

En la estación de policía donde está detenido, informaron, el empresario pasa la mayor parte del tiempo sentado en una silla y sin esposas, para evitar complicaciones de salud en la isla donde, además, se registran altas temperaturas.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, indicó que dos oficiales de la Policía Federal fueron enviados al país caribeño para acompañar el retorno del empresario de 71 años al país y se mostró optimista sobre que Samid pueda regresar al país "entre miércoles y jueves". También viajarán agentes de Interpol Argentina al país centroamericano.

Para agilizar este proceso, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que lo juzgará por evasión impositiva, envió el miércoles pasado a Cancillería los documentos que se requieren para pedir la extradición de una persona junto con la orden de captura nacional e internacional, según informaron a fuentes judiciales a Infobae.

Pero además de la extradición -un proceso que requiere el pedido formal del Ministerio de Relaciones Exteriores a Belice, un país sin acuerdo de extradición con Argentina, y que puede ser objetada- la otra opción, más rápida, es la expulsión. 

Las autoridades de ese país deberán tramitarla por vías administrativas a través de algún tipo de irregularidad del ingreso al país del empresario.

Samid salió de la Argentina el 24 de marzo hacia Paraguay (a pesar de que en ese momento aún no tenía prohibición de salida del país) de manera irregular. Luego tomó un vuelo a Panamá y el 26 de marzo otro a Belice, donde ingresó como turista y dejó asentado dónde iba a hospedarse. Tras la emisión de una alerta roja de Interpol, fue detenido en la isla Cayo Ambergris.


"No hizo Migraciones en Argentina y sí las hizo en Paraguay", confirmó en ese sentido Gerardo Milman, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, en diálogo con Radio La Red. "Es un delito migratorio, no es un cargo excesivo, pero creo que dada su situación lo complica aún más. Innecesariamente, porque lo podría haber hecho de manera legal".

"El señor Samid manifestó que su objetivo de entrar a Belice era para hacer turismo, pero dados los hechos no era ese su objetivo principal", agregó Milman, que indicó que esa irregularidad podría motorizar la expulsión.

Samid comenzó a ser juzgado el 18 de marzo pasado junto a otras siete personas por la presunta conformación de una asociación ilícita que evadió impuestos en la comercialización de la carne, en una causa que comenzó en 1996 por una denuncia de la entonces Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos.

El fiscal Gabriel Pérez Barberá pidió que el empresario sea condenado a seis años y seis meses de prisión y que junto con el resto de los acusados devuelvan 23 millones de pesos como multa. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, pidió una condena de siete años.