La Fundación "Andhes", junto a legisladores y otros organismos de Derechos Humanos buscan que se instale en Jujuy un Mecanismo de Prevención de la Tortura que tenga la función de velar por el trato digno de personas que poseen su libertad reducida.
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La Fundación "Andhes", junto a legisladores y otros organismos de Derechos Humanos buscan que se instale en Jujuy un Mecanismo de Prevención de la Tortura que tenga la función de velar por el trato digno de personas que poseen su libertad reducida.
La Ley 26.827 refiere al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos.
Este órgano que ya existe a nivel nacional incluye a todos los que se encuentran en contexto de encierro, no solamente a la población de cárceles y comisarías, sino también a aquellos que están internados en hospitales psiquiátricos o chicos y adultos mayores que viven en hogares.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes se constituyó en el año 2018 y uno de sus fines es la creación de estos organismos en todas las provincias. Con el mismo se quiere prevenir la tortura a través de distintas acciones, una de ellas es, por ejemplo, hacer visitas en los lugares donde haya personas en contextos de encierro.
Hay provincias que ya tienen en funcionamiento un organismo preventivo pero otras que no, como ser Jujuy. En la provincia no existe este mecanismo ni tampoco leyes que incidan en el tema como sí las hay en otras del país, "nosotros estamos impulsando esa creación dentro de las organizaciones de la sociedad civil. La importancia de este organismo preventivo surge de que nuestro país ha suscripto la convención para la eliminación de toda forma de tortura y su protocolo facultativo. Eso obliga a que el Estado tome medidas para prevenirla", explicó Malka Manestar abogada y coordinadora del área de Seguridad y Derechos Humanos de "Andhes", en diálogo con El Tribuno de Jujuy.
Mencionó también que desde la fundación a partir del año 2016 trabajan en pos de la implementación de este mecanismo que debe tener autonomía propia y no depender de instituciones estatales, se debe autorregular y funcionar de forma independiente.
Las situaciones de tortura no solamente "se originan en cárceles y comisarías sino también en la vía pública, en el momento de la detención. Este órgano vela también por esos casos, cuando la persona es reducida se da la mayor cantidad de maltrato y violencia física. Eso es importante remarcar también", añadió.
Reunión en la Legislatura
Hace dos semanas visitó la provincia Josefina Ignacio que es una de las referentes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y se reunió con legisladores para tratar la instalación de este organismo en Jujuy.
Al respecto, Manestar aseguró que "fueron invitados todos los bloques pero no participaron todos, estuvieron presentes los diputados Juan Esquivel, Alejandra Cejas y María Solís. Actualmente en la Legislatura hay cuatro proyectos que tienen que ver con la creación de este órgano en Jujuy. Es importante que cada uno de ellos siga los lineamientos y estándares internacionales".
Los cuatro proyectos fueron presentados por: uno por el Poder Ejecutivo provincial, y los otros por la diputada Susana Haquim de Primero Jujuy, Juan Manuel Esquivel del Fuyo y Alejandra Cejas del Partido Justicialista.
Por último, Malka Manestar manifestó que también hicieron un evento en la Universidad Católica de Santiago del Estero, en el que participaron organizaciones de la sociedad civil que tuvo el objetivo de plantear la importancia de un organismo local para que las organizaciones tomen un rol activo y lo impulsen.
Se registraron 136 casos en el país
La Procuración Penitenciaria de la Nación publicó un informe de los casos de tortura durante el primer trimestre del 2019 que arrojó que se registraron 136 casos y 37 denuncias en todo el país.
También, mediante esta investigación trascendió que hubo 10 muertes entre enero y marzo de 2019.
Mientras que durante el 2018, la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó 558 casos de Torturas y Malos Tratos que comprenden 452 episodios en total, ya que hay casos que involucran a más de una víctima. En algunas ocasiones, un episodio puede alcanzar a todo un pabellón o más.
Del total de casos registrados, el 93 % implicó violencia física; mientras que el resto, 40 casos, se trataron de amenazas graves y hostigamientos. En los casos de violencia física, además se advirtió que en un 36 % (186 casos) se añadió el aislamiento de la víctima y en 62 casos (33 %) esto se vio incluso agravado por la deficiente alimentación de la persona, aislada y anteriormente golpeada. Incluso se registraron 182 casos (35 %) de violencia física que involucraron amenazas.
El 41 % de las víctimas, 228 personas, brindaron su consentimiento para denunciar penalmente lo sucedido, mientras que en el resto de los casos los detenidos optaron por no iniciar acciones legales ante el temor de sufrir represalias por parte de sus victimarios. Esta voluntad de denunciar los hechos en los que fueron victimizados se tradujo en 183 denuncias presentadas.
La detección de casos de violencia en diversos espacios de encierro, permite afirmar que los malos tratos ocurren desde el primer momento de la detención en la vía pública, en las comisarías, durante traslados, en alcaidías, institutos de menores y en destacamentos de diferentes fuerzas de seguridad.