La suba de energía desde el 2015 ya llegó al 1.400%

Desde el 2015 la tarifa de energía eléctrica hasta la fecha se incrementó hasta un 1.400%, tras la quita de subsidios y el salto del precio del kilovatio. En Jujuy las familias no escapan de esta realidad y aunque es una de las pocas provincias que mantienen el subsidio, el grueso de los usuarios destina gran porcentaje de sus ingresos a los servicios.

Si bien en la provincia no hay registros detallados, en este último año lo que se había previsto es que iba a subir un 55% y el gas un 35% el estimado en 2019 para el área metropolitana, en Jujuy el último incremento fue de alrededor del 25% en enero hasta que se frenó con varias medidas por tratarse de un año electoral.

No obstante el impacto en los últimos tres años es grande y no cesa. Según datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad de Buenos Aires, entre 2015 y 2017 la electricidad subió 562%, pero en la actualidad llega a 1.400%, porcentaje que ratificó el titular de la Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu) de Jujuy, Héctor Simone.

"En los últimos años la energía que compramos subió porque se eliminaron los subsidios, porque estaba íntegramente subsidiada, hubo un aumento de alrededor de 1.400 % en estos últimos tres años y pico", precisó Simone. Explicó que por ello Jujuy es una de las seis provincias que decidieron seguir sosteniendo la tarifa social.

ALICIA CHALABE, PROCONSUMER

"Durante todo el tiempo que estuvieron planchadas las tarifas Ejesa tuvo los aumentos tarifarios que solicitaba. Es decir que mantuvo su nivel tarifario en el anterior Gobierno, y cuando hicieron el salto en el precio de la tarifa fue cuando se fijó el costo del precio del kilovatio que compra la empresa en un valor superior, y ahí es cuando vino el gran aumento", explicó sobre el tema Alicia Chalabe, de la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) Jujuy.

"El Estado quería ahorrar subsidios, le saca plata destinada a subsidiar a los usuarios, y se fueron haciendo tarifas cada vez más caras e impagables para ellos, que dejan de tener el servicio e impactan en la inflación y costo de vida de las personas. Hay una relación directa entre la tarifa que pagan los usuarios y el impacto que generan en el bolsillo de los usuarios la inflación, gran parte de los ingresos va a la tarifa", analizó Chalabe.

El ahorro previsto era de 400 millones de dólares, que estimó es nada en relación al dispuesto para mantener el precio del dólar, y con ello entiende que se quita el financiamiento a una política pública de provisión de servicios esenciales. Es que la tarifa tiene tres tramos, la generación, transporte y distribución.

Recientemente con el apagón, aunque no se determinó la responsabilidad, Chalabe explicó que el ministro de Energía de Misiones Lanciani dijo que no se invirtió en nuevas líneas de alta tensión, y coincidió en que el transporte y los otros tramos deben estar modernizados sino funcionarán con déficit.

Entonces explicó que la tarifa eléctrica está compuesta por el precio estacional de la energía, el valor del kilovatio; el valor agregado de distribución que cobra la empresa distribuidora que en este caso es Ejesa, y los impuestos. A veces se agrega el costo de transporte. En Jujuy se suma el del sistema aislado de La Quiaca a la tarifa.

Sostuvo que el precio estacional en los últimos dos años fue aumentando, por el costo real debido a que subió el gas natural que se usa para generarla, y se suma el aumento del tipo de cambio en un sector dolarizado; y a su vez se añade el impacto por mayor demanda eléctrica.

“Es un servicio público que no tiene valor de mercado”

Alicia Chalabe de Codelco explicó que el aumento del mes de febrero fue del 26%, considerando todas las categorías por resolución de la Secretaría de Energía, por actualización del precio de distribución. Si bien en el país es diferente en cada provincia, explicó que el mayor impacto en el caso de Jujuy fue “el valor del kilovatio” que compra la empresa de energía eléctrica, y el mayor motivo del incremento. 
Es que la tarifa estaba “planchada” y cuando fue la devaluación y se dictó la Ley de emergencia económica se había establecido la suspensión de los aumentos tarifarios, y para que se renegociaran los contratos y se establecieran los precios de la tarifa durante el Gobierno anterior se fueron renegociando las tarifas y aumentando según autorizaba el Estado. “Por eso le llaman el atraso tarifario”, explicó y detalló además que había una gran cantidad de subsidios.
“Lo que ellos decían es que el costo de la generación de energía iba a bajar a partir de la mejora que iba a tener el servicio, que entonces iba a tender a bajar el precio de la energía eléctrica, lo que no sucedió. Siguió aumentando y el objetivo era que el Estado ahorre en materia de subsidios”, explicó Chalabe.
Sin embargo, desde la Asociación de Consumidores explicaron que es necesario determinar cómo se toma en cuenta, si se toma a la energía eléctrica como un objeto comercializable o como una mercancía. Por ello aclaró que “si es un servicio público no es lo importante que tenga un valor de mercado o comercial sino que la persona pueda acceder, gozar del mismo y tener acceso a un servicio público, como un derecho”, precisó al respecto.
Recordó en ese sentido que el exministro de Energía, José Aranguren, negó la característica de la energía eléctrica como un derecho humano, pero que la Corte en el fallo Cepi que suspende el incremento de tarifas de gas natural, y determinó las características que tiene este servicio público, que es “básico e inherente a la calidad de vida del ser humano”. 
En ese sentido explicó que a nivel nacional bajó el consumo de energía y de gas, y que en Córdoba hay una gran cantidad de usuarios que se desconectó del servicio de gas natural por redes. 
A nivel local, explicó que a través de Proconsumer y Codelco cuentan con una demanda en el Juzgado 1 de la provincia por la que esperan una medida cautelar que impida el corte del servicio de gas ante la falta de pago de una pequeña pyme de panadería. Pese a la medida cautelar vigente que impedía que se corte, por lo que se hizo la demanda colectiva que impida que se corte el servicio.

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