Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, está enredado en una trama que lo tiene contra las cuerdas. Un grupo de diputados ya evalúa un proceso de destitución. Su canciller tuvo que renunciar. Y hasta la Iglesia se le muestra en contra. El motivo: la firma de un acuerdo secreto con Brasil para la compra de energía.
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Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, está enredado en una trama que lo tiene contra las cuerdas. Un grupo de diputados ya evalúa un proceso de destitución. Su canciller tuvo que renunciar. Y hasta la Iglesia se le muestra en contra. El motivo: la firma de un acuerdo secreto con Brasil para la compra de energía.
La tormenta de desató la semana pasada cuando Pedro Ferreira, el presidente de la Administración Nacional de Energía (Ande) renunció luego de revelar la existencia de un acuerdo bilateral, firmado hacía dos meses en Brasilia, sobre la contratación de potencia de la usina de Itaipú, que establecía un cronograma de compra hasta 2022.
Hasta entonces, Paraguay venía fijando de forma anual esa contratación, pero con el nuevo acuerdo los montos de potencia media anual se incrementarían en ese periodo desde los 1.370 megavatios (MW) en 2019 a 1.924 MW en 2022, lo que implicaría un mayor desembolso al comprar más megavatios.
El acta fue interpretada por la oposición como una entrega de soberanía realizada de forma consciente por el Gobierno, que en esas negociaciones apartó a los técnicos de la Ande que se oponían a su firma, y los sustituyó por representantes de la Cancillería, encabezados por el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier. Ferreira arrojó la bomba y renunció. Para apaciguar las aguas, el presidente Abdo Benítez cedió y aceptó que debían rodar cabezas. Así siguieron las renuncias de canciller Luis Alberto Castiglioni; del presidente de la estatal de energía, Alcides Jiménez; de José Alberto Alderete, director del lado paraguayo de la hidroeléctrica de Itaipú, compartida con Brasil, y del embajador Saguier. Una de las cosas que más enfureció a la oposición fue el ‘secretismo‘ con que se manejó el gobierno. Y el "entreguismo" también. Y usó esos argumentos para echar nafta al incendio: arrinconar al gobierno con interpelaciones parlamentarias, manifestaciones callejeras y la amenaza más temida por un mandatario paraguayo: el juicio político. En medio de la desesperación, el gobierno comunicó que el acuerdo con Brasil había sido dado de baja. "Nulo", dijo. Luego siguieron las renuncias, pero nada apagó el fuego. Y los críticos del presidente solo vieron en el ejecutivo una serie de torpezas imperdonables, explicaciones confusas y argumentos desatinados. Esto espoleó a una ciudadanía que ya viene denunciando los altos sueldos que cobran los funcionarios del lado paraguayo de Itaipú, el destino más codiciado por los políticos mejor situados en el Gobierno de turno. Hasta la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), reunida en asamblea, respaldó el rechazo de parte de la ciudadanía y de la oposición contra el polémico acuerdo energético. Llegado el martes, un grupo de diputados de la oposición paraguaya está estudiando la posibilidad de abrir un proceso de destitución o "impeachment" contra el presidente del país. Los partidos opositores habrían planteado el recurso después de que el mandatario se negara en un principio a destituir al canciller y al embajador de Paraguay en Brasil por su participación en la polémica acta de contratación de energía de la hidroeléctrica Itaipú. La iniciativa ha sido presentada por el Partido Liberal, cuyos diputados han afirmado que el acuerdo representa la entrega de la soberanía del país a Brasil, según ha informado la cadena Telesur. (Fuente Clarín.com)