"El actual intendente aún no asume la derrota, el pueblo le dijo basta a la corrupción y malos tratos, ahora debemos soportar el saqueo de los bienes de la ciudad", denunció la presidente del Concejo Deliberante, Raquel Gregorio.
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"El actual intendente aún no asume la derrota, el pueblo le dijo basta a la corrupción y malos tratos, ahora debemos soportar el saqueo de los bienes de la ciudad", denunció la presidente del Concejo Deliberante, Raquel Gregorio.
Por otra lado, señaló que "comenzó a regalar los bienes comunales a distintas instituciones, como si fuesen de su propiedad, cuando debe consultar al Concejo, a las instituciones les decimos que el proceder de Miguel Tito está mal. El patrimonio es de los quiaqueños, no de su persona", indicó.
Citó como ejemplo que el intendente "donó" las camas y demás objetos del Hotel de Turismo a la parroquia local, televisores de última tecnología pertenecientes a la Municipalidad, entre otros actos generosos antes nunca vistos.
"Nunca contestó a un pedido de informe, es por ello que vamos a denunciarlo nuevamente ante la Justicia. Funcionarios de Tesorería y Obras Públicas fueron citados dos veces para ser interpelados sobre los fondos públicos, nunca se presentaron", remarcó.
Por otra parte, lamentó que la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública, a cargo de Aldo Lozano, "siga cajoneando el expediente con las denuncias penales" contra el intendente Miguel Tito.
"La sociedad de La Quiaca piensa este señor tiene algún paraguas político o es protegido por alguien, sabemos que el señor gobernador no se prestaría a este tipo de maniobras", sentenció.
Desde que asumió la actual gestión comunal hasta la fecha, Miguel Tito generó millonarios juicios en contra del municipio quiaqueño. Son 240 demandas que deberá enfrentar el intendente electo Blas Gallardo.
"Ahora sale a la luz como se manejó con los empleados, son ellos mismos quienes iniciaron causas por retención indebida de sus haberes, ese dinero no saldrá de su peculio sino las arcas del pueblo", denunció Raquel Gregorio.
Añadió que "incluso lo he denunciado por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes como funcionario público ante el ayudante fiscal Luis Miguel Cavanna, porque hace cuatro meses no percibo mis haberes. Hay antecedentes de este accionar contra quienes se animaron a denunciarlo".
Recolección de firmas
Frente a las supuestas donaciones de bienes municipales, el partido Frente por Todos, ganador de las últimas elecciones, convocó a los vecinos quiaqueños para firmar una misiva en la que solicitan la intervención activa del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, para que resguarden los bienes del pueblo.
Al respecto, el intendente electo, Blas Gallardo, dijo que "el Concejo tiene las herramientas necesarias para que sea una transición ordenada y responsable, hay concejales oficialistas que piensan son empleados municipales, no dan quorum al momento de sesionar".
Añadió que "estamos preocupados, el organismo de control es el Concejo, también vamos a solicitar una auditoría al Tribunal de Cuentas para proteger los bienes patrimoniales del pueblo".
Desde esa línea partidaria denunciaron el desmantelamiento del Centro de Monitoreo, inaugurado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Están retirando las cámaras de las calles y sacando todo el equipo informático", aseguraron.
Seis mil pesos
Lejos de aclarar su situación judicial, el intendente Tito en declaraciones a la prensa dijo: "Voy a dejar en la caja del municipio seis mil pesos. Con esa suma recibí la gestión en 2015, ahora voy a enfocarme en trabajar junto al gobernador por la zona franca".
Las declaraciones provocaron un malestar generalizado en la población fronteriza, por lo que los vecinos están firmando una nota para que el gobernador Gerardo Morales no lo tenga como funcionario de su gabinete e intervenga en los asuntos institucionales de La Quiaca.
Por otra parte, en los últimos días Tito mejoró la revista laboral de sus punteros políticos, nombrándolos planta permanente generando el malestar de los gremios Seom y ATE. Por todo lo descripto anteriormente en la ciudad fronteriza no existe una transición ordenada, transparente y pública.