Pese a que las encuestas están vaticinando una victoria por más de veinte puntos para Alberto Fernández, en el Gobierno se respira cierto optimismo de cara a la última etapa de la campaña electoral, algo que no se percibía desde el 11 de agosto pasado tras la debacle en las primarias. Esa ínfima porción de aire fresco no tiene que ver con un convencimiento real de que el resultado vaya a darse vuelta en octubre, como quiere instalar el macrismo, sino con la sensación de que la fiebre por el dólar se habría calmado con alfileres, a costa de seguir gastando las reservas del Banco Central y de profundizar las restricciones en la política cambiaria.
La estabilidad monetaria que nunca pudo conseguir el Gobierno sería al menos un premio consuelo en medio del aumento del desempleo registrado en el segundo trimestre y de una nueva disparada de la inflación para este mes. Según los economistas, la suba de precios de septiembre podría ubicarse alrededor del seis por ciento, una cifra que duplica la inflación anual de muchos de los países de la región. Ya casi no quedan dudas que de el índice inflacionario para 2019 superaría cómodamente el cincuenta por ciento, al igual que el año pasado.
La confirmación de que Mauricio Macri no recibirá los 5.400 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional le permitió a la Casa Rosada aumentar en cien mil millones de pesos el gasto público para medidas sociales y también inyectar más pesos en el mercado a través de la emisión monetaria, algo que el Presidente criticó una y otra vez durante sus casi cuatro años de gestión.
Está claro que al Presidente no le preocupa caer constantemente en contradicciones palpables, como el mini cepo al dólar o romper el congelamiento de los combustibles, ya que considera que su imagen ya fue lo suficientemente bastardeada como para reparar ahora - a sólo 35 días de los comicios generales- en esas cuestiones.
En el laboratorio político de Juntos por el Cambio, que sigue conducido por los cuestionados Marcos Peña y Jaime Durán Barba, están convencidos de que Macri “alcanzó su piso electoral en agosto y que ahora sólo le queda crecer”. Por eso, para contrarrestar la sensación de cosa juzgada, lanzaron las marchas del “Sí, se puede” en treinta ciudades del país. ¿Qué busca el Gobierno con esta tardía estrategia electoral? Básicamente un golpe de efecto que muestre a la opinión pública que el Presidente sigue teniendo respaldo pese a su pésima gestión macroeconómica.
“Sentimos que recién ahora podemos liberarnos las manos para buscar los votos que perdimos en las Paso. Al no tener que cumplir con las recetas de ajuste del FMI, tenemos más herramientas para alivianar la crisis social que viven los argentinos”. Con esas palabras, un importante operador del oficialismo -que pidió reserva de su identidad- graficaba ayer ante El Tribuno el clima que se vive por estas horas en el Gobierno nacional.
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Pese a que las encuestas están vaticinando una victoria por más de veinte puntos para Alberto Fernández, en el Gobierno se respira cierto optimismo de cara a la última etapa de la campaña electoral, algo que no se percibía desde el 11 de agosto pasado tras la debacle en las primarias. Esa ínfima porción de aire fresco no tiene que ver con un convencimiento real de que el resultado vaya a darse vuelta en octubre, como quiere instalar el macrismo, sino con la sensación de que la fiebre por el dólar se habría calmado con alfileres, a costa de seguir gastando las reservas del Banco Central y de profundizar las restricciones en la política cambiaria.
La estabilidad monetaria que nunca pudo conseguir el Gobierno sería al menos un premio consuelo en medio del aumento del desempleo registrado en el segundo trimestre y de una nueva disparada de la inflación para este mes. Según los economistas, la suba de precios de septiembre podría ubicarse alrededor del seis por ciento, una cifra que duplica la inflación anual de muchos de los países de la región. Ya casi no quedan dudas que de el índice inflacionario para 2019 superaría cómodamente el cincuenta por ciento, al igual que el año pasado.
La confirmación de que Mauricio Macri no recibirá los 5.400 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional le permitió a la Casa Rosada aumentar en cien mil millones de pesos el gasto público para medidas sociales y también inyectar más pesos en el mercado a través de la emisión monetaria, algo que el Presidente criticó una y otra vez durante sus casi cuatro años de gestión.
Está claro que al Presidente no le preocupa caer constantemente en contradicciones palpables, como el mini cepo al dólar o romper el congelamiento de los combustibles, ya que considera que su imagen ya fue lo suficientemente bastardeada como para reparar ahora - a sólo 35 días de los comicios generales- en esas cuestiones.
En el laboratorio político de Juntos por el Cambio, que sigue conducido por los cuestionados Marcos Peña y Jaime Durán Barba, están convencidos de que Macri “alcanzó su piso electoral en agosto y que ahora sólo le queda crecer”. Por eso, para contrarrestar la sensación de cosa juzgada, lanzaron las marchas del “Sí, se puede” en treinta ciudades del país. ¿Qué busca el Gobierno con esta tardía estrategia electoral? Básicamente un golpe de efecto que muestre a la opinión pública que el Presidente sigue teniendo respaldo pese a su pésima gestión macroeconómica.
“Sentimos que recién ahora podemos liberarnos las manos para buscar los votos que perdimos en las Paso. Al no tener que cumplir con las recetas de ajuste del FMI, tenemos más herramientas para alivianar la crisis social que viven los argentinos”. Con esas palabras, un importante operador del oficialismo -que pidió reserva de su identidad- graficaba ayer ante El Tribuno el clima que se vive por estas horas en el Gobierno nacional.
La otra vereda
Alberto Fernández sigue desplegando la campaña que más lo favorece, que es la de mostrarse como un dirigente que ya trabaja en los lineamientos de su futura presidencia y se aleja del barro típica de la contienda electoral. El candidato opositor visitó esta semana Bolivia y Perú para reunirse con los presidentes de ambos países, en un claro gesto de autoridad hacia adentro y fuera del país.
“Alberto está estirando la ventaja y no quiere cometer ningún error que pueda frenar ese proceso, por eso está teniendo particular cuidado en sus declaraciones para que no sigan afectando a la economía argentina que él mismo va a heredar el 10 de diciembre”, señaló a este diario un importante legislador kirchnerista. Ocurre que Fernández confía en que los debates presidenciales esmerilen aún más la imagen de Macri sin la necesidad de que la sociedad culpe directamente al exjefe de Gabinete, logrando dos objetivos bien concretos: dejar en evidencia públicamente todos los indicadores negativos del Gobierno y mostrarse a la vez como el único garante de la institucionalidad para lo que se viene.
Durante toda la campaña quedó claro que Alberto Fernández no será un títere de Cristina como imaginaron muchos. ¿Cómo puede inferirse eso? Por varias razones. En primer lugar, el equipo económico del incluye nombres como los de Martín Redrado, Guillermo Nielsen y Carlos Melconian, tres referentes de la ortodoxia económica argentina. En segundo lugar, la eventual inclusión de Florencio Randazzo como ministro de Transporte y Obras Públicas también actuaría como otro gesto de diferenciación, ya que el exfuncionario terminó armando su propio partido y sacándole votos a Cristina Kirchner hace dos años. A eso hay que sumarle la negativa del presidente virtual a realizar una reforma constitucional, cosa en la que los jueces de Justicia Legítima -que responden a la exmandataria- ya están trabajando.