Familiares de internos del Penal de Gorriti expresaron esta tarde su malestar y repudiaron a las autoridades del Servicio Penitenciario que anunciaron el retorno de las visitas sin haber obtenido la autorización del Comité Operativo de Emergencias (COE).
inicia sesión o regístrate.
Familiares de internos del Penal de Gorriti expresaron esta tarde su malestar y repudiaron a las autoridades del Servicio Penitenciario que anunciaron el retorno de las visitas sin haber obtenido la autorización del Comité Operativo de Emergencias (COE).
Explicaron que el viernes de la semana pasada les informaron a los reclusos que el lunes (ayer) volvían las visitas tras casi cinco meses sin mantener contacto con sus afectos.
Cabe mencionar que las visitas se suspendieron en el marco de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del Covid-19.
Lo cierto que ayer, en el horario indicado, se presentaron en el Penal los familiares, procedentes de diversos puntos de la provincia, quienes se dieron con la ingrata noticia de que no iban a poder ver a sus seres queridos porque no estaba la autorización del COE.
Tal fue la presión que finalmente permitieron pasar a las personas que provenían del interior, quienes sólo pudieron ver a sus familiares media hora.
Esta tarde, un grupo de mujeres que esperaba poder ver a sus familiares no fue autorizado a ingresar. Un oficial de apellido Hoyos que se acercó a hablar con ellas les dijo que aún el COE no había autorizado las visitas, recibiendo las quejas de las mujeres que expresaron su malestar y dolor frente a lo que consideraron una falta de respeto y de humanidad.
Indicaron que habían cambiado su horario de trabajo para poder ir al Penal, mientras que otras debieron dejar a sus hijos al cuidado de una niñera o un familiar. Al mismo tiempo coincidieron que se sentían maltratadas, apuntando que ellas no habían cometido ningún delito y que lo único que pretendían era poder ver a sus seres queridos.
Tras esperar, sin suerte, que se hiciera una excepción como la del lunes, las mujeres se retiraron del lugar y anticiparon que iban a denunciar este hecho y otros tantos ante el juez de la Ejecución de la Pena, Carlos Catán, y representantes de organizaciones de Derechos Humanos.
Las personas privadas de libertad tienen derecho a que se respete su dignidad, a estudiar, trabajar, comunicarse y recibir visitas, según establece la Ley 24.660.