La gran pregunta que circula por estas horas en la sociedad ya no es hasta cuándo durará la cuarentena, que volvería a extenderse por tercera vez después del 26 de abril. El interrogante ahora es qué país quedará cuando se salga del aislamiento y cuáles serán los sectores que seguirán operativos tras la hecatombe. De esa duda dependen, ni más ni menos, el trabajo y la calidad de vida de millones de argentinos.
En el Gobierno saben a la perfección que las empresas que queden en el camino durante la cuarentena difícilmente podrán levantarse después, ya que adeudarán servicios, salarios, alquileres, expensas y proveedores. Por eso, la intervención del Estado para salvar a la economía tiene que ser urgente y mucho más activa de lo que viene siendo en la actualidad, sobre todo para el caso de las pymes.
Los subsidios para jubilados, beneficiarios de planes sociales y monotributistas tienen que seguir inalterables como hasta ahora, ya que ayudan a poner en marcha la rueda del consumo y le dan un poco de aire a los sectores más vulnerables. Sin embargo, la mano del Estado debe llegar también para desahogar a las compañías pequeñas y medianas, que son las que emplean al setenta por ciento de la mano de obra nacional y también las que peor la están pasando.
El problema económico es mucho más complejo de lo que algunos creen y no depende de un simple anuncio presidencial de vuelta a la actividad laboral. En la Argentina poscuarentena, los comercios y servicios comenzarán a incorporar protocolos de bioseguridad que reducirán a la mitad sus clientes y también su facturación, golpeada de muerte hace treinta días y con severas lesiones desde hace al menos seis años.
¿Cómo puede estimularse la actividad sin exponer a la gente a un brote de contagio que colapse todo el sistema de salud? En este momento no hay muchas recetas: profundizar al máximo la emisión monetaria para inyectar plata al mercado y garantizar que las empresas cumplirán con el pago de sus sueldos, situación que está muy lejos de convertirse en realidad.
Producto del uso indiscriminado pero necesario de la “maquinita” de hacer dinero, pero también de la especulación de los comerciantes, la inflación volvió a meterse en la agenda pública en medio de la cuarentena. En marzo, cuando sólo se contabilizaron diez días de aislamiento, la suba de precios en el país se disparó al 3,3 por ciento y la de Jujuy al 4,6. Desgraciadamente, habrá recesión, reducción del tamaño de las empresas, disminución de los ingresos de los trabajadores, aumento de la desocupación, incremento de la pobreza y, encima, otra vez el fantasma de la inflación.
El cuidado de la salud y de la economía son obligaciones indelegables del Gobierno nacional y ninguna puede ser desatendida, ya que las consecuencias de descuidar priorizar una sola de ellas transformará esta pesadilla en un verdadero infierno.
Si no se toman medidas para evitar el colapso del sector privado durante la vigencia del aislamiento, cuando se relaje un poco la situación sanitaria quedarán pocas empresas en pie y muchos trabajadores en la calle. Hasta el momento, las compañías sólo recibieron un préstamo a una tasa del 24 por ciento para pagar salarios, y encima muchas de ellas ni siquiera pudieron acceder a él.
“Lo que nosotros necesitamos es que se nos condone el pago de algunos impuestos y que el Estado se haga cargo al menos de la mitad de los sueldos de abril, ya que la parálisis de nuestras empresas no se resuelve con un crédito que aumente nuestro endeudamiento”, señaló en off the record un influyente hombre de negocios de la Argentina.
Una alta fuente de la Casa Rosada aseguró ayer a El Tribuno que “el Gobierno no se quedará quieto mientras quiebran empresas y despiden personas, por lo que habrá novedades en muy pocos días”. Cerca del Presidente existe un fuerte enojo con los bancos por su poca predisposición a otorgar créditos a las pymes pese a haber ganado fortunas con las Lelic. Lo que se baraja es instar a las entidades financieras a que destinen préstamos a tasa cero para no comprometer la situación futura de la cadena de pagos. ¿Podrá el presidente del Banco Central imponerse en una pulseada tan audaz contra un sector que nunca fue socio en las pérdidas? Es evidente que a Miguel Pesce, uno de los funcionarios más apuntados por el “viernes negro” con los jubilados, le espera otro duro hueso de roer.
Desde los bancos dejaron trascender que la medida sólo sería aplicable si los fondos prestados tendrían alguna garantía estatal. Ocurre que las entidades financieras temen que la debacle económica produzca un festival de cuotas impagas y ponga en riesgo la estabilidad de las entidades bancarias. El argumento tiene lógica desde lo conceptual, pero carece de la solidaridad que el Presidente le está exigiendo a toda la sociedad en medio de la pandemia y de la que los bancos no pueden ser la excepción.
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La gran pregunta que circula por estas horas en la sociedad ya no es hasta cuándo durará la cuarentena, que volvería a extenderse por tercera vez después del 26 de abril. El interrogante ahora es qué país quedará cuando se salga del aislamiento y cuáles serán los sectores que seguirán operativos tras la hecatombe. De esa duda dependen, ni más ni menos, el trabajo y la calidad de vida de millones de argentinos.
En el Gobierno saben a la perfección que las empresas que queden en el camino durante la cuarentena difícilmente podrán levantarse después, ya que adeudarán servicios, salarios, alquileres, expensas y proveedores. Por eso, la intervención del Estado para salvar a la economía tiene que ser urgente y mucho más activa de lo que viene siendo en la actualidad, sobre todo para el caso de las pymes.
Los subsidios para jubilados, beneficiarios de planes sociales y monotributistas tienen que seguir inalterables como hasta ahora, ya que ayudan a poner en marcha la rueda del consumo y le dan un poco de aire a los sectores más vulnerables. Sin embargo, la mano del Estado debe llegar también para desahogar a las compañías pequeñas y medianas, que son las que emplean al setenta por ciento de la mano de obra nacional y también las que peor la están pasando.
El problema económico es mucho más complejo de lo que algunos creen y no depende de un simple anuncio presidencial de vuelta a la actividad laboral. En la Argentina poscuarentena, los comercios y servicios comenzarán a incorporar protocolos de bioseguridad que reducirán a la mitad sus clientes y también su facturación, golpeada de muerte hace treinta días y con severas lesiones desde hace al menos seis años.
¿Cómo puede estimularse la actividad sin exponer a la gente a un brote de contagio que colapse todo el sistema de salud? En este momento no hay muchas recetas: profundizar al máximo la emisión monetaria para inyectar plata al mercado y garantizar que las empresas cumplirán con el pago de sus sueldos, situación que está muy lejos de convertirse en realidad.
Producto del uso indiscriminado pero necesario de la “maquinita” de hacer dinero, pero también de la especulación de los comerciantes, la inflación volvió a meterse en la agenda pública en medio de la cuarentena. En marzo, cuando sólo se contabilizaron diez días de aislamiento, la suba de precios en el país se disparó al 3,3 por ciento y la de Jujuy al 4,6. Desgraciadamente, habrá recesión, reducción del tamaño de las empresas, disminución de los ingresos de los trabajadores, aumento de la desocupación, incremento de la pobreza y, encima, otra vez el fantasma de la inflación.
El cuidado de la salud y de la economía son obligaciones indelegables del Gobierno nacional y ninguna puede ser desatendida, ya que las consecuencias de descuidar priorizar una sola de ellas transformará esta pesadilla en un verdadero infierno.
Si no se toman medidas para evitar el colapso del sector privado durante la vigencia del aislamiento, cuando se relaje un poco la situación sanitaria quedarán pocas empresas en pie y muchos trabajadores en la calle. Hasta el momento, las compañías sólo recibieron un préstamo a una tasa del 24 por ciento para pagar salarios, y encima muchas de ellas ni siquiera pudieron acceder a él.
“Lo que nosotros necesitamos es que se nos condone el pago de algunos impuestos y que el Estado se haga cargo al menos de la mitad de los sueldos de abril, ya que la parálisis de nuestras empresas no se resuelve con un crédito que aumente nuestro endeudamiento”, señaló en off the record un influyente hombre de negocios de la Argentina.
Una alta fuente de la Casa Rosada aseguró ayer a El Tribuno que “el Gobierno no se quedará quieto mientras quiebran empresas y despiden personas, por lo que habrá novedades en muy pocos días”. Cerca del Presidente existe un fuerte enojo con los bancos por su poca predisposición a otorgar créditos a las pymes pese a haber ganado fortunas con las Lelic. Lo que se baraja es instar a las entidades financieras a que destinen préstamos a tasa cero para no comprometer la situación futura de la cadena de pagos. ¿Podrá el presidente del Banco Central imponerse en una pulseada tan audaz contra un sector que nunca fue socio en las pérdidas? Es evidente que a Miguel Pesce, uno de los funcionarios más apuntados por el “viernes negro” con los jubilados, le espera otro duro hueso de roer.
Desde los bancos dejaron trascender que la medida sólo sería aplicable si los fondos prestados tendrían alguna garantía estatal. Ocurre que las entidades financieras temen que la debacle económica produzca un festival de cuotas impagas y ponga en riesgo la estabilidad de las entidades bancarias. El argumento tiene lógica desde lo conceptual, pero carece de la solidaridad que el Presidente le está exigiendo a toda la sociedad en medio de la pandemia y de la que los bancos no pueden ser la excepción.
La deuda
El anuncio del Presidente de la propuesta para dejar de pagar la deuda por tres años y realizar una quita de 41.500 millones de dólares fue bien recibida por oficialistas y opositores. Todos los gobernadores estuvieron presentes en el acto y casi todos reivindicaron la iniciativa. El problema ahora ya no radica en el consenso del frente interno, sino en la aprobación del o no del frente externo. Los bonistas ya dejaron trascender que la propuesta les parece inaceptable y que “Argentina va directo al default y la intención del ministro de Economía Martín Guzmán nunca fue otra al ofrecer una restructuración tan escasa”.