La semana que pasó se llevó puestas muchas cosas. Entre ellas la esperanza de normalidad que asomaba tibiamente sostenida por las ansias de todos, por el trabajo esforzado de los que buscan esquivar las consecuencias nocivas del encierro y el parate económico, y hasta por el voluntarismo exageradamente inocente de otros. De pronto se dispararon los contagios del coronavirus y con buen criterio, las autoridades resolvieron que volver a la fase uno era lo mejor.
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La semana que pasó se llevó puestas muchas cosas. Entre ellas la esperanza de normalidad que asomaba tibiamente sostenida por las ansias de todos, por el trabajo esforzado de los que buscan esquivar las consecuencias nocivas del encierro y el parate económico, y hasta por el voluntarismo exageradamente inocente de otros. De pronto se dispararon los contagios del coronavirus y con buen criterio, las autoridades resolvieron que volver a la fase uno era lo mejor.
Es incómodo, agresivo, pero para combatir la pandemia, es lo mejor. Con todo, sin embargo, la situación deja enseñanzas, entre las que vale destacar una: aunque sea a la fuerza, por obligación, por convencimiento o porque no queda otro camino, a veces, es bueno animarse a retroceder, y reconocer que no se puede insistir de la misma forma en que se venía. Porque los riesgos son enormes, y en este caso, hasta se compromete a la vida misma. Pero extendiendo la reflexión, por analogía, que bueno sería que todos aquellos que tienen poder de decisión y de comando aplicasen el mismo criterio en lugar de persistir en equivocaciones flagrantes, en caminos contrarios al sentido común, en necedades que generan heridas y discriminación, o que subestiman la capacidad y la inteligencia de la gente. Y terminan alimentando la profundidad de las grietas viejas o creando nuevas.
El "Caso Vicentin" ya sobradamente conocido por la opinión pública, muestra uno de esos empecinamientos del gobierno de turno por tirar de la soga hasta llevarla al límite de tensión. Es obvio que la ansiada expropiación de esa enorme empresa no es ni para asegurar la soberanía alimentaria nacional, ni para regular los mercados de granos o manejar los negocios de exportación e importación de insumos y productos agropecuarios. Aunque tenga un poco de todo eso, se trata de nada más y nada menos que de la fuerte instrumentación de un proyecto político que se retiró rechazado en el 2015 y que volvió "mejor que antes" dispuesto a recuperar y reinstalar su modelo.
Que aquello (el cristinismo) no fue bueno, y el hecho de que lo que vino después (el macrismo) no fue mejor, no autoriza a imponer una regresión a todo el país. La grieta se reabrió peor que antes, la memoria de los enfrentamientos de Cefk con el campo, principalísima tabla de salvación para un país sin otras políticas a la vista, instaló protestas en los cuatro puntos cardinales de Argentina. Dada la situación, lo peor fue lo del presidente Alberto Ángel Fernández: "No entienden, los que reclaman están equivocados" dijo el jefe de Estado, cuando un gigantesco "banderazo" sacudió la Argentina el sábado.
AAF descalificó al juez Fabián Lorenzini que rechazó la intervención decretada y restauró (por 60 días) la autoridad del directorio de la empresa que se encuentra desde hace meses en convocatoria de acreedores. AAF lo mandó a estudiar la Constitución y relajó su autoridad plantándose delante de él diciendo que sus decisiones "son un disparate, un dislate jurídico" y remató, ya desde el pedestal: "Él es un juez concursal... yo soy el presidente de la República". Y la amenaza final: "O el juez acepta la propuesta de (el gobernador santafesino Omar) Perotti -un tibio intento de mediar que no resuelve la cuestión- , o no queda otro camino que expropiar". Resonaba aún en los oídos del país la aclaración del Presidente de la Nación, comunicando que la decisión de expropiar le pertenecía exclusivamente a él y que "Cristina no tiene nada que ver". La aclaración, obviamente, terminó de oscurecer el panorama y los ánimos. Horas antes, el Presidente había tenido igual o peor destemplado cruce con la periodista de Telefe Noticias, Cristina Pérez, a quien criticó por agregar adjetivos en una pregunta, y en modo docente, la envió a estudiar la Constitución. La conductora se preguntaría luego: "¿Tenía necesidad de buscar humillarme?" y agregaría con punzante ironía: "¿Se está transformando, era Aníbal Fernández o Alberto Fernández?".
El otro tema que quita el sueño es la ya sempiterna negociación por la deuda externa, millonada de dólares que se arrastra desde hace decenas de años, más el monumental endeudamiento de los últimos meses del macrismo. El ministro de la deuda, Martín Guzmán, volvió a correr el arco unos días, esperanzado, quizás en ganar por cansancio a los bonistas, que hasta ahora, demostraron tener mejor entrenados los músculos que los negociadores locales. Como sea, ojalá que se llegue a un acuerdo, por si además de la pandemia, el virus, las grietas internas, la necedad y la incapacidad manifiesta para encontrar salidas, el creciente apriete de los caciques sindicales y cierta soberbia del elenco gubernamental, nos cae encima un default, no será sobre llovido mojado: a los mojados, nos llevará la corriente.
Jujuy vive lo suyo. El maldito virus finalmente se instaló con fuerza, y aunque hoy por hoy, los jujeños desgranan cientos de versiones acerca del origen del horrible brote de estos días, lo cierto es que hay que guardar cuarentena para ayudar así al sistema de salud que pelea en la primera fila del combate. En este panorama se producen hechos que deben ser repasados: por el peso de los contagios cayó el empecinamiento en "volver a las aulas" en el peor momento.
Todos lo esperaban, y nadie entendía la persistencia del proyecto que había merecido advertencias y críticas desde padres y docentes, y del propio ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que no dejó medio sin usar para pedir que Jujuy "no se corte solo" en ese tema. En la Justicia local hay temas que suenan fuerte: uno fue el encontronazo entre la defensora general del Ministerio Público de la Defensa Penal, quien denunció al titular del Ministerio Público de la Acusación de retardar la Justicia, por posibles encubrimientos agravados, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario, entre otros temas, en un caso de presunto abuso sexual en perjuicio de una niña.
El choque de los funcionarios es grave, como gravísimo el caso denunciado y sus posibles derivaciones. También se dilata en Tribunales la causa del presunto asesinato del joven José María Villafañe. La participación de la pareja del fallecido (detenida), de una tercera persona, encubrimiento, instrucción y pericias que ya se habrían realizado en los teléfonos celulares de los involucrados, ya permitirían el avance de la causa y según comentan los abogados penalistas, sus inesperadas derivaciones. Finalmente, la Justicia también cayó involucrada con los temas del coronavirus: la jueza del STJ, Silvia Bernal, resolvió hacer lugar a un amparo en contra del escaneo de documentos por parte de empresas privadas que trabajan para el COE. La abogada fue "escrachada" públicamente por el gobernador, quien criticó la decisión y -muy enojado- recordó que se trata de la jueza que al regreso de sus vacaciones habría intentado evitar la cuarentena obligatoria. En algún otro momento, el primer mandatario, quizás advertido del exceso, recomendó evitar los escraches, la condena y la discriminación entre jujeños.
Se puede -y se debe- comprender el estado de tensión y responsabilidad que atraviesan los funcionarios. Pero descontando que los errores de cálculo, las confusiones, los excesos y las urgencias se producen con objetivos nobles, sería muy sano y maduro que paralelamente exista transparencia informativa, la capacidad de retroceder, de aceptar equivocaciones, pedir disculpas y volver a escuchar en todas direcciones antes de bajar decisiones que generan desazón y desconcierto y el efecto contrario al deseado.