Según el Gobierno, el acuerdo con los bonistas privados sería la piedra angular que le daría previsibilidad a la economía argentina para afrontar los enormes desbarajustes que se vienen acumulando hace años. Sin embargo, pese al arreglo, la situación resultó ser mucho más compleja de lo que se especulaba al principio: las restricciones en el mercado cambiario se profundizaron, varias empresas multinacionales abandonaron el país, la inflación comenzó un proceso de aumento lento pero persistente y el segundo semestre se habría disparado fuerte la pobreza y la indigencia en el país. Todas esas variables, que generan preocupación en los principales actores financieros, tienen un punto en común que el Presidente todavía no explicita: ¿cuál será el plan económico integral en el que se basará la recuperación de la economía? Hasta el momento, los parches y subsidios vienen siendo la única medida del Gobierno para enfrentar una crisis que reducirá el PBI de la Argentina a niveles parecidos a los de la década del setenta.
La falta de dólares y el exceso de emisión de pesos son un problema sin solución para las autoridades del Banco Central. Este mes, casi cinco millones de argentinos iban a comprar doscientos dólares a un precio regalado para, en muchos casos, después venderlos en el mercado ilegal y hacerse una diferencia para incrementar un poco sus ingresos. Es evidente que esta situación dejaría rápidamente al país sin reservas y que, de no aplicarse un cepo reforzado, las cuentas públicas entrarían en un cono de sombra muy escabroso. La gran contra de contener la salida del dólar sólo con trabas para obtenerlos es que la estrategia se transforma en una olla a presión que termina generando una devaluación en los hechos. ¿Cuántos empresarios miden sus gastos en productos dolarizados con el tipo de cambio oficial a la hora de fijar sus precios? La respuesta es clara: muy pocos.
Lo que llamó la atención del anuncio de Miguel Pesce fue que dos días antes el ministro de Economía Martín Guzmán había dicho que “cerrar más el cepo sería una medida para aguantar y no venimos a aguantar sino a tranquilizar la economía”. Y no sólo eso, un día después la poderosa vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, había señalado: “Vamos a continuar tratando de defender este cepo, así como está. Cuanto más dura es la regulación, más se abren las brechas”. Una de dos: o hay una gran interna entre el Palacio de Hacienda y el Banco Central o existe un desconcierto en el Gobierno tan acentuado que lo obliga a la improvisación constante. Sea cual fuere la respuesta, el panorama es bastante desalentador.
Mientras Alberto Fernández y su equipo económico no den señales claras a los mercados que doten de confianza al país, las limitaciones en el mercado cambiario no se detendrán. “No está en los planes terminar con los doscientos dólares por persona, pero si la situación monetaria no se estabiliza habrá que tomar medidas más temprano que tarde”, sostuvo ayer a El Tribuno un funcionario con llegada directa al presidente.
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Según el Gobierno, el acuerdo con los bonistas privados sería la piedra angular que le daría previsibilidad a la economía argentina para afrontar los enormes desbarajustes que se vienen acumulando hace años. Sin embargo, pese al arreglo, la situación resultó ser mucho más compleja de lo que se especulaba al principio: las restricciones en el mercado cambiario se profundizaron, varias empresas multinacionales abandonaron el país, la inflación comenzó un proceso de aumento lento pero persistente y el segundo semestre se habría disparado fuerte la pobreza y la indigencia en el país. Todas esas variables, que generan preocupación en los principales actores financieros, tienen un punto en común que el Presidente todavía no explicita: ¿cuál será el plan económico integral en el que se basará la recuperación de la economía? Hasta el momento, los parches y subsidios vienen siendo la única medida del Gobierno para enfrentar una crisis que reducirá el PBI de la Argentina a niveles parecidos a los de la década del setenta.
La falta de dólares y el exceso de emisión de pesos son un problema sin solución para las autoridades del Banco Central. Este mes, casi cinco millones de argentinos iban a comprar doscientos dólares a un precio regalado para, en muchos casos, después venderlos en el mercado ilegal y hacerse una diferencia para incrementar un poco sus ingresos. Es evidente que esta situación dejaría rápidamente al país sin reservas y que, de no aplicarse un cepo reforzado, las cuentas públicas entrarían en un cono de sombra muy escabroso. La gran contra de contener la salida del dólar sólo con trabas para obtenerlos es que la estrategia se transforma en una olla a presión que termina generando una devaluación en los hechos. ¿Cuántos empresarios miden sus gastos en productos dolarizados con el tipo de cambio oficial a la hora de fijar sus precios? La respuesta es clara: muy pocos.
Lo que llamó la atención del anuncio de Miguel Pesce fue que dos días antes el ministro de Economía Martín Guzmán había dicho que “cerrar más el cepo sería una medida para aguantar y no venimos a aguantar sino a tranquilizar la economía”. Y no sólo eso, un día después la poderosa vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, había señalado: “Vamos a continuar tratando de defender este cepo, así como está. Cuanto más dura es la regulación, más se abren las brechas”. Una de dos: o hay una gran interna entre el Palacio de Hacienda y el Banco Central o existe un desconcierto en el Gobierno tan acentuado que lo obliga a la improvisación constante. Sea cual fuere la respuesta, el panorama es bastante desalentador.
Mientras Alberto Fernández y su equipo económico no den señales claras a los mercados que doten de confianza al país, las limitaciones en el mercado cambiario no se detendrán. “No está en los planes terminar con los doscientos dólares por persona, pero si la situación monetaria no se estabiliza habrá que tomar medidas más temprano que tarde”, sostuvo ayer a El Tribuno un funcionario con llegada directa al presidente.
La política
Alberto Fernández se encuentra, quizás, en el momento más delicado de su gestión. La pandemia se está acelerando peligrosamente en el territorio y la cantidad de casos y de víctimas fatales empieza a encender todas las alarmas. Tanto es así que Argentina se convirtió en uno de los países con más muertos por millón de habitantes durante la semana que pasó. El manejo del coronavirus había sido el factor más determinante para acrecentar la imagen del jefe de Estado, pero hoy se multiplican las aperturas y la circulación de personas en el momento más crítico de la enfermedad. Este cuello de botella también responde a la falta de planificación, ya que el Gobierno cerró todo por meses cuando los casos recién asomaban y desgastó el as en la manga de una cuarentena estricta para cuando el virus circule sin control como ahora.
De hecho, el anuncio de la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 11 de octubre fue sólo un video de menos de tres minutos en el que ni siquiera hablaba Alberto. Ya no había señales de unidad con Horacio Rodríguez Larreta, largos discursos ni filminas comparativas con otros países: el cambio comunicacional del Gobierno no es que un reflejo de las enormes dificultades que atraviesa en la actualidad.
Ese mismo día, curiosamente, los infectólogos que asesoran al Presidente desde el inicio de la pandemia advirtieron que sólo con la responsabilidad individual no alcanza para combatir al virus y alertaron sobre el riesgo de que las disputas políticas entre el oficialismo y la oposición terminen afectando aún más el escenario. Tácitamente, los expertos hicieron referencia a la pelea entre Fernández y Larreta por los más de 35 mil millones de pesos que nación le sacó a la ciudad. Pese a la foto que mostraba sinergía entre Alberto, Kicillof y Larreta, lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires apretó el acelerador y anunció nuevas aperturas más allá de la oposición del ministro Ginés González García.
Quizás por desconocimiento o por tener una mirada demasiado centrada en Buenos Aires, el jefe de Estado sostuvo el viernes que gracias a la larga cuarentena argentina, ningún ciudadano del país se quedó sin cama para paliar las consecuencias del coronavirus. La conclusión dista mucho de ser real, ya que en muchas provincias del interior el colapso del sistema sanitario es una realidad inocultable.