El Ministerio Público de la Acusación solicitó el requerimiento de elevación a juicio la causa que tiene como principal imputada a la empresaria Natalia Fernanda Cammuso y a otras tres personas, por la muerte de una empleada del call center del multimedio de propiedad de su padre, Eduardo Cammuso.
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El Ministerio Público de la Acusación solicitó el requerimiento de elevación a juicio la causa que tiene como principal imputada a la empresaria Natalia Fernanda Cammuso y a otras tres personas, por la muerte de una empleada del call center del multimedio de propiedad de su padre, Eduardo Cammuso.
En la jornada de ayer, Cammuso fue formalmente notificada que la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad de las Personas y Homicidios dio por culminada la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y requirió al Tribunal en lo Criminal Nº 2 citar a juicio a cuatro personas, entre ellas la empresaria y otros tres empleados jerarquía, por amenazar a trabajadores, violar medidas de prevención y por la muerte de Elisabeth del Valle Pérez.
Es así que la gerente y encargada de la empresa Telesistemas SRL, el call center del Mulitmedio Canal 2 Fiberwell Telesistema SRL, Natalia Fernanda Cammuso llega a estas instancias judiciales acusada de ser la supuesta autora de los delitos de "amenazas coactivas (cuatro hechos) en concurso real, violación de medidas contra epidemias y homicidio simple con dolo eventual (con acusación alternativa de homicidio culposo)", todos en concurso ideal.
La acusación más grave que pesa sobre Cammuso es la imputación por "homicidio simple con dolo eventual", que tiene pena prevista y penada en el Código Penal de la Nación, apuntan a los supuestos constantes incumplimientos a las medidas adoptadas a nivel nacional y provincial para evitar la propagación del coronavirus.
Estas actitudes derivaron en el contagio en el lugar de trabajo ubicado en calle Río Pilcomayo y San José del barrio Alto Castañeda de la mayoría de los empleados, incluyendo a Elisabeth del Valle Pérez.
Con los elementos de prueba reunidos, la Justicia cree que corresponde atribuir el resultado del deceso a Natalia Cammuso, que pese a tener conocimiento de que la víctima padecía patologías tales como hipertensión, diabetes, fibromialgia y obesidad, las cuales la colocaban en el grupo de riesgo para Covid-19 y un poder de decisión omnímodo para definir quién y bajo qué condiciones iba a continuar sus labores en forma presencial en la empresa y le había negado estos pedidos a Pérez.
En toda la etapa investigativa Natalia Fernanda Cammuso se abstuvo de prestar declaración, pero los relatos de los tres imputados y los testigos la ponen en el centro de la escena que la Justicia investiga.
Además, llegan a estas instancias judiciales Martín Ezequiel Aragón y Sergio Alejandro Sosa, quienes eran supervisores del área de "call center", y Fabiana Isabel Pereyra como jefa del departamento de Recursos Humanos de la empresa Canal 2, quienes al momento de los hechos ostentaban una posición de garante en relación a la indemnidad sanitaria de los trabajadores en pandemia.
Hace una semana habían agravado la imputación
Tras el receso invernal, la Justicia jujeña había agravado la imputación a la empresaria Natalia Fernanda Cammuso, quien pasó de estar acusada de la supuesta autoría de “homicidio culposo” a “homicidio con dolo eventual”, calificación legal que tiene pena prevista y penada de ejecución efectiva.
La titular del call center Telesistemas del multimedio Nortelevisa, de propiedad de su padre Eduardo Cammuso, tuvo que presentarse nuevamente ante la Justicia el lunes de la semana pasada, donde fue notificada sobre la nueva calificación legal que pesa sobre ella. Las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario permitieron saber que la ampliación de denuncia de la entonces pareja de Pérez aportó elementos probatorios significativos para la causa, entre ellos unos audios de Whatsapp, que la víctima habría mantenido con la jefa de recursos humanos Fabiana Isabel Pereyra, con sus encargados de área Martín Ezequiel Aragón y Sergio Alejandro Sosa y con la misma Cammuso.
La defensa de Cammuso había presentado un recurso de inconstitucionalidad en la Cámara de Apelaciones, para que la causa sea investigada en el fuero federal, al que el Tribunal no dio lugar y validó el proceso judicial llevado a cabo por el MPA. Para los investigadores, ha quedado demostrado que estos planteos no fueron más que estrategias dilatorias, improcedentes que impedían el avance del proceso.