Dos funcionarios de alto rango de la Policía Federal, Subdelegación La Quiaca, fueron condenados a 4 y 8 años de prisión por tentativa de contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y por ser ambos integrantes de la fuerza de seguridad federal.
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Dos funcionarios de alto rango de la Policía Federal, Subdelegación La Quiaca, fueron condenados a 4 y 8 años de prisión por tentativa de contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y por ser ambos integrantes de la fuerza de seguridad federal.
En ese marco es que el jefe y subjefe de la subdelegación, Cristian Javier Bejarano y Milton Martín Cano, recibieron penas de 4 años y 8 meses de prisión respectivamente.
La condena fue dictada el lunes 7 de marzo pasado a instancia del fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, quien también logró que otros cuatro hombres, acusados de ser cómplices, sean condenados por el mismo delito, aunque con penas menores.
Los hermanos Luis, Paul y Fabián Saiquita fueron condenados a cuatro años y tres meses de prisión, mientras que Eduardo Laime, quien hacía de chofer, recibió una pena de dos años de prisión en suspenso por ser considerado partícipe necesario.
El juicio tuvo un primer fallo favorable para los acusados el año pasado, pero la fiscalía recurrió estas absoluciones ante la Cámara Federal de Casación Penal y logró revertirlas. En el caso intervino el Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por Alejandra Cataldi, Marta Snopek y Abel Fleming. Este último interviene en dicha segunda etapa por el fallecimiento del juez Mario Juárez Almaraz.
El caso se inició a partir de la detención de Laime y los hermanos Saiquita alrededor de las 3 de la madrugada del 22 de abril de 2020, cuando personal del Escuadrón 21 “La Quiaca” de Gendarmería Nacional, interceptó un camión cargado con mercadería que se dirigía a Bolivia con las luces apagadas. Los oficiales federales fueron detenidos recién en septiembre a raíz del resultado del análisis de los teléfonos celulares secuestrados.
En el debate, el fiscal Zurueta resaltó que en el momento en que se cometió este hecho estaban vigentes medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia por la covid-19, entre ellas el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y el cierre de las fronteras con los países vecinos.
Punteros
El fiscal reseñó que la patrulla de gendarmes advirtió el camión Mercedes Benz 710 que iba a Bolivia cuando vigilaba la frontera en la Puna jujeña, en el paraje Ojo de Agua, una zona que sería paso obligado para acceder al vecino país.
Zurueta destacó que lo que más llamó la atención de los gendarmes es que delante, y a modo de coche puntero, iba un móvil de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal en el que iban los jefes principales de esa unidad y Fabián Saiquita.
El convoy fue detenido cuando estaba a 500 metros de la frontera y se comprobó que el camión llevaba mercadería por un valor de más de $841 mil. Gran parte de la carga eran insumos sanitarios muy valiosos por su uso para la prevención del coronavirus. A los $841 mil, se sumó la valuación del camión, estimada en más de $900 mil.
A partir de este procedimiento, el secuestro de teléfonos y otras pruebas producidas por la fiscalía, en septiembre se completó la formalización de la acusación contra los seis acusados y se avanzó con la investigación hasta junio de 2021, cuando se inició el juicio de responsabilidad penal.
En esa instancia, entre las pruebas, el fiscal aportó las llamadas que Bejarano y Cano hicieron a gendarmes e incluso funcionarios de mayor rango del Escuadrón 21 para conocer de antemano el resultado de algunos peritajes.
Asimismo, develó que con el fin de desvincularse del hecho los oficiales crearon un segundo libro de registro en el que consignaron que el día en el que fueron detenidos estaban en comisión de un operativo conjunto con Gendarmería Nacional que precisamente tenía el objetivo de detener a los coimputados.
En agosto del año pasado, tras escuchar los alegatos de la fiscalía que pidió la declaración de responsabilidad penal de los acusados y de la defensa, que reclamó la absolución, el tribunal, con los votos de Snopek y Juárez Almaraz, exculpó a los federales y a los hermanos Saiquita por el beneficio de la duda, y también absolvió a Laim, pero en este caso, en fallo unánime.
El fiscal Zurueta impugnó este fallo por considerarlo arbitrario y carente de motivación suficiente y en noviembre último la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, declaró la responsabilidad penal de los seis acusados. Pero como esta decisión se había tomado con el voto de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y la disidencia de la jueza Angela Ledesma, esta vez impugnaron las defensas. Finalmente, en febrero último los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, de la Sala III de la misma Cámara, confirmar de manera unánime la decisión de la mayoría.
Con esta decisión, el Tribunal Oral Federal de Jujuy, ya con la incorporación del juez Fleming, retomó el debate, avanzó con el juicio de determinación de pena y resolvió la condena de los seis acusados.