El embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, fue condenado anoche a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos. La Justicia entrerriana encontró al exgobernador peronista (2007-2015) culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.
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El embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, fue condenado anoche a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos. La Justicia entrerriana encontró al exgobernador peronista (2007-2015) culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.
Así lo decidió por unanimidad el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, que este jueves leyó el adelanto de veredicto, en el juicio en el que se puso la lupa sobre decisiones de la gestión de Urribarri en el período comprendido entre 2010 y 2015. También fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Aguilera es cuñado de Urribarri y se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública, por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y funcionario a la vez, pero también por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos. Bajo el expediente que se titula con el apellido del exgobernador entrerriano y que concentró cinco causas por diversas irregularidades, fueron juzgadas otras nueve personas, además de Urribarri, Báez, Marsó y Aguilera.
La Justicia entrerriana endilgó distintas acciones a cada una de ellas dentro de un entramado de contrataciones particulares financiadas con fondos públicos. La parte del veredicto leída este jueves estuvo centrada en responder cada una de las nulidades planteadas por los abogados defensores. Al hacerlo, el presidente del tribunal fue dando señales que permitían anticipar el resultado condenatorio, que finalmente se conoció tras casi ocho horas de lectura.
Al rechazar las pretensiones defensivas se dio por aceptado como prueba un disco rígido externo que apareció en la terraza de una vivienda particular, lindante a una de las imprentas cuestionadas, mientras se llevaba adelante un allanamiento en esa empresa de la capital entrerriana, por lo que se interpretó que fue arrojado desde el interior de la sede y a través de un ventiluz.
En ese dispositivo externo aparecieron elementos comprometedores para la situación de las personas enjuiciadas, como es el esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial.
El proceso judicial tuvo la particularidad de concentrar diversos hechos imputados, cada uno de ellos bajo un título identificatorio, como “El sueño entrerriano”, que fue el eslogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o “Causa del Mercosur”, que centró su atención en contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014, pero que, según la Justicia, parte de esos fondos tuvo como destino la campaña política del exgobernador.
Los camaristas analizaron si las contrataciones cuestionadas, como la de pautas publicitarias en medios de alcance nacional y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, tenían por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.
En ese sentido, aunque aún restan los fundamentos de la sentencia, resulta evidente que el tribunal coincidió con la fiscalía cuando dijo que quedó claro a lo largo de los debates, que se utilizaron fondos públicos destinados a la promoción política del exmandatario y que el parador escondía un propósito particular.