La violencia contra niños y adolescentes es un problema grave que enfrenta la sociedad, y que a lo largo de los años se agrava por diversos factores. Jujuy está entre las pocas provincias que crearon órganos para implementar políticas contra la violencia hacia las infancias.

Abordar esta problemática es necesario y urgente, por lo que es crucial trabajar en políticas públicas que atiendan la vulneración de derechos de esta franja etaria de la población.

El Ministerio de Salud de la Nación junto a Unicef elaboró por primera vez un informe sobre el "Análisis de la regulación del abuso y violencia sexual contra niñas/es/os y adolescentes en la Argentina". El mismo indica que sólo once de las 24 provincias argentinas crearon órganos para dar respuesta a esta problemática.

Las provincias de Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe y Chubut, además de la ciudad correntina de Esquina, cuentan con comités, mesas u órganos de control interministeriales sobre la implementación de protocolos ante abusos sexuales en infancias.

En el caso de Jujuy existe el Protocolo de abordaje integral en caso de abuso sexual infantil, aprobado en 2017, y que involucra al Ministerio Público de la Acusación, a la Justicia, a los ministerios de Salud y Educación, y la Secretaría de Niñez.

También, el Protocolo para la atención del embarazo en adolescentes menores de 15 años de edad, aprobado en 2017 y que involucra a la Dirección General de Maternidad e Infancia, Secretaría de Planificación en Políticas y Regulación Sanitaria.

En el mismo sentido, el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, aprobado en 2019 a través de una resolución del Ministerio de Salud, adhiere al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación que tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino.

Finalmente, la resolución N° 497/2020 sobre acceso a la interrupción legal del embarazo, aprobada en 2020, permitiendo la creación de grupos de trabajo para la intervención de los equipos de salud respecto al embarazo forzado de NNA.

Conclusión

Todas las normativas relevadas apuntan a fortalecer la capacitación y comprensión sobre violencia de género, sexual y, en particular, casos de abuso sexual contra niñas/es/os y adolescentes y cómo evitar su repetición, sin embargo son todavía pocas en el país y, sus resultados, escasos o poco difundidos.

Se evidenció, además, una falta de mecanismo de participación de la sociedad civil en la evaluación de la implementación de los lineamientos y procedimientos para el abordaje integral de casos de abuso.

 

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