El gobernador Gerardo Morales dispuso ayer que se reconozca y pague doble remuneración al personal de la Administración Pública Provincial que hubiere prestado servicios efectivos el 2 de este mes.
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El gobernador Gerardo Morales dispuso ayer que se reconozca y pague doble remuneración al personal de la Administración Pública Provincial que hubiere prestado servicios efectivos el 2 de este mes.
La medida responde al desarrollo de actividad administrativa, escolar e institucional que existió en toda la provincia en la fecha referenciada y que fue alcanzada por el feriado dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 573/2022, como consecuencia del atentado perpetrado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández.
Asimismo, el mandatario jujeño resolvió prohibir la aplicación de sanciones, descuentos salariales o tardanzas al personal docente y administrativo, según corresponda, que se hubiese visto impedido de asistir a las respectivas instituciones.
Por otra parte, invitó al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a municipios a adherir a la presente medida. Finalmente, consignó que, por lo súbito de la materialización y difusión de la medida emanada de la Nación, además de servicios esenciales existió efectivo cumplimiento de actividad administrativa y escolar planificada que, resulta justo, sea formalmente reconocida.
Cabe señalar que la decisión de establecer feriado nacional el 2 de septiembre fue comunicada por el mismo presidente Alberto Fernández en cadena nacional, en los primeros minutos de la mencionada jornada, luego que la vicepresidenta Cristina Fernández sufriera un intento de homicidio por parte de un sujeto que le gatilló un arma de fuego varias veces, pero de la que no salieran los disparos, según testimonios que ahora están siendo analizados por la Justicia que investiga el hecho.
Este atentado tuvo lugar frente al lugar de residencia de la expresidenta de la Nación, en Buenos Aires, donde desde hace varios días hay una multitud de manifestantes que le expresa su apoyo por un proceso judicial que se le sigue y en el que los fiscales pidieron una condena para ella de 12 años de prisión, más inhabilitación para ejercer cargos públicos.