La Justicia de Jujuy allanó ayer la casa de la dirigente social Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, como parte de la causa que investiga las manifestaciones de las últimas semanas en la provincia, que incluyeron el ataque a la Legislatura, el 20 de junio pasado.
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La Justicia de Jujuy allanó ayer la casa de la dirigente social Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, como parte de la causa que investiga las manifestaciones de las últimas semanas en la provincia, que incluyeron el ataque a la Legislatura, el 20 de junio pasado.
La medida fue tomada por el juez Rodolfo Fernández con la intervención del fiscal Diego Funes, y se secuestraron unos 13 teléfonos celulares y 100 mil pesos que tenía un hombre.
Las fuentes judiciales sostienen que en la causa hay información que vincularía a Sala con los incidentes en la Legislatura.
Sala fue investigada en distintas causas penales y en diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena a 13 años de prisión en su contra por los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa-, fraude y extorsión. Sala ya tenía una sentencia firme, confirmada por la Corte, en una causa menor (por amenazas) con una pena en suspenso.
La dirigente está presa en su casa por su estado de salud, aunque el Gobierno de Jujuy reclama que sea trasladada a una cárcel común. Las condiciones de detención de Sala son monitoreadas por una oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo del Gobierno y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
La reforma
Los hechos de violencia que investiga la Justicia de Jujuy tuvieron su pico el martes 20 de junio, después de que se aprobó la reforma parcial de la Carta Magna impulsada por Morales, en un contexto en el que los docentes de la provincia venían de varios días de paro y movilizaciones.
El 20 de junio, al enterarse de que la reforma se había aprobado, manifestantes tiraron las vallas perimetrales de la Legislatura y comenzaron a arrojar piedras contra la policía. Hubo algunos activistas que lograron ingresar al edificio y prendieron fuego una oficina, donde se apilaban cientos de expedientes. Hubo autos destrozados y el enfrentamiento se extendió durante horas.
Morales apuntó desde el primer momento contra Sala, a quien acusó de impulsar las protestas violentas desde las sombras.
Los últimos acusados que quedaban detenidos por los hechos de violencia del 20 de junio fueron liberados el 23, pese a que el fiscal Funes había solicitado que quedaran en prisión preventiva.
La hipótesis principal de los investigadores es que los hechos de violencia, como la irrupción a la Legislatura y el incendio de una sala de archivos y de automóviles, fueron premeditados. "Creemos que hay atrás una organización previa y una planificación", dijo días atrás el fiscal Funes.