El espacio CC-ARI, indicó que "se entiende legítimo el reclamo salarial, pero se peticiona -aún fuera bajo interpretación y orden judicial- la existencia de guardias mínimas del servicio de transporte aún en medidas de fuerza, para impedir se altere de forma total, para los sectores más vulnerables, el ejercicio de derechos a los cuales eventualmente solo pueden acceder mediante el uso del transporte público de pasajeros".
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El espacio CC-ARI, indicó que "se entiende legítimo el reclamo salarial, pero se peticiona -aún fuera bajo interpretación y orden judicial- la existencia de guardias mínimas del servicio de transporte aún en medidas de fuerza, para impedir se altere de forma total, para los sectores más vulnerables, el ejercicio de derechos a los cuales eventualmente solo pueden acceder mediante el uso del transporte público de pasajeros".
“No se busca atentar contra el derecho a huelga, menos ante reclamos legítimos, sino que el espíritu de lo pretendido es que impacte de forma parcial en el diario de una población ya suficientemente castigada. Hablamos de defender a los sectores más vulnerables, los cuales no tienen vehículo o pueden pensar en siquiera un remis o un taxi, sino que quizá ahora apenas pueden pagar su boleto y viven el día a día”, transmitió Albizú.
Sumado a ello, se transmitió desde la Coalición Cívica ARI el envío de una propuesta legislativa que permita la creación de un Consejo Ad-Honorem de Transporte, que permita periódicamente una evaluación de la calidad de prestación del servicio, mediante una conformación tripartita entre el Estado, las Empresas y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que atiendan el derecho de los consumidores, lo cual se busca pueda posibilitar la mejora continua de la experiencia de los usuarios.
“En el conflicto del transporte, frente al pleito entre empresarios y sindicalistas, el único rehén es el ciudadano de a pie, al cual se le aumenta compulsivamente el boleto pero jamás se le mejora la calidad del servicio”, explicó Albizo Cazón.