Rubén Darío Paz, asesor legal del municipio de Campo Santo, fue invitado a una sesión en el Concejo Deliberante para brindar explicaciones, sobre el estado de dos demandas judiciales por la que atraviesa el municipio, interpuestas por Hugo Narváez, en una suma de 19.000.000 más 5 millones de costas, y la segunda por su esposa Solange Soto Verón, por una suma de 3.000.000, ambas por la supuesta entrega de materiales para la construcción.
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Rubén Darío Paz, asesor legal del municipio de Campo Santo, fue invitado a una sesión en el Concejo Deliberante para brindar explicaciones, sobre el estado de dos demandas judiciales por la que atraviesa el municipio, interpuestas por Hugo Narváez, en una suma de 19.000.000 más 5 millones de costas, y la segunda por su esposa Solange Soto Verón, por una suma de 3.000.000, ambas por la supuesta entrega de materiales para la construcción.
Como primera medida, Paz anunció que la medida de apelación interpuesta a la demanda por tres millones de pesos, salió favorable al municipio. "Puedo anunciar que ya se levantó el embargo y fue rechazada la apelación interpuesta por los demandantes". Explicó que su presencia en el Concejo, era para hacer entrega de un detalle del estado procesal y explicar cuáles fueron los fundamentos y la postura de cada parte. Sobre la denuncia que se encuentra apelada, Paz afirmó que no cuenta con la verosimilitud jurídica como para prosperar. "Una compra de tal magnitud le sería imposible al municipio, se trata de un monto similar al 80% del presupuesto. El ingreso de tal volumen de la compra no fue registrado en ningún lado, no hay un remito con el detalle de los materiales adquiridos, tampoco un registro de que alguien los haya recibido, la dirección de casa de comercio no existe, tampoco el corralón mencionado por el demandante".
En abril, hubo una audiencia de mediación donde se pudo analizar la documentación con las cuales dieron inicio a las demandas, se trata de documentaciones que no están firmadas, facturas en blanco sin remito, en esa primera audiencia la parte demandante exigía un pago de 50.000.000, "obviamente una suma que no teníamos pensado pagar, es una deuda del 2022 que extrañamente no fue ejecutada en el momento más adecuado, una empresa no puede soportar una deuda tan abultada por casi tres años, no hay una explicación financiera adecuada para justificar esta demora, rechacé la mediación de acuerdo a lo que me faculta la ley" manifestó el Dr. Paz.
A pesar de las incoherencias de la demanda, se dictó un embargo preventivo de $24.000.000, que afectó los fondos coparticipables, poniendo en riesgo el pago de sueldos, "esta medida está siendo apelada al considerar las pruebas presentadas como insuficientes, ofrecí la sustitución de los fondos destinados a sueldos y otros gastos municipales, por el de una camioneta cuyo valor duplica el monto exigido" explicó el asesor legal, sustitución que fue aceptada. El asesor legal informó que deberá presentarse en una próxima audiencia, donde también serán citados el Sr. Narváez, el intendente Tito Taché y la ex intendente Josefina Pastrana, "esta situación es más que una estafa, es una vergüenza, he promovido una acción penal por estafa y peculado" enfatizó el Dr. Rubén Paz, quedando a disposición del cuerpo de concejales para evacuar cualquier duda sobre estos y otros temas relacionados con la actual gestión de gobierno municipal.