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La muerte de Tomás Sotero Alancay, de apenas cinco años, no solo dejó una herida imposible de cerrar en La Merced. También expuso el peor rostro de una sociedad desbordada por el dolor, donde algunos decidieron cruzar un límite peligroso: transformar la tragedia en un campo de acusaciones sin pruebas, violencia verbal y presión callejera. Se supo de la grave denuncia penal fue radicada en la Comisaría N° 4 de El Carril contra Omar Adolfo Encalada Amado, acusado de liderar una campaña de hostigamiento, difamación e instigación a la violencia en perjuicio del Intendente de La Merced, Javier Rafael Wayar.
La denuncia, formalizada este lunes al mediodía, detalla una serie de episodios iniciados el pasado 6 de abril en el marco de manifestaciones públicas denominadas "Con pedido de justicia". Según el documento, Encalada Amado habría asumido un rol de "agitación" con intenciones "manifiestamente violentas".
El eje de la difamación
El texto acusatorio señala que el denunciado utiliza redes sociales y carteles con la fotografía del jefe comunal acompañados por la leyenda "Asesino". Además de la descalificación personal, se le atribuye haber incitado a las multitudes a cometer actos de agresión institucional y de intimidar a otros vecinos, advirtiendo que quien retire los carteles será considerado "cómplice".
La querella sostiene que estas acciones no solo dañan el honor del intendente mediante calumnias (imputación falsa de un delito), sino que buscan "alterar el orden público e infundir temor social" en un contexto de alta efervescencia.
Ante el riesgo de una escalada de violencia, la parte denunciante solicitó a la Fiscalía Penal de El Carril la aplicación inmediata de medidas cautelares.
También se solicitó el cese de hostigamiento. Es decir, el retiro inmediato de todo contenido calumnioso de las redes sociales bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial. Como prueba, se ofreció un disco compacto con filmaciones realizadas por el propio acusado en su página de Facebook y otros registros audiovisuales donde se lo vería profiriendo insultos e incitando a represalias por mano propia.
La causa quedó caratulada preventivamente bajo los delitos de instigación a cometer delitos, intimidación pública, calumnias e injurias, según lo previsto en los artículos 209, 211, 109 y 110 del Código Penal de la Nación.
Según la denuncia asentada por la abogada y hermana del intendente, Gabriela Wayar, no se trata de silenciar el reclamo legítimo de justicia, que es comprensible y necesario, sino de poner un freno a conductas que, lejos de aportar claridad, alimentan el caos. Señalar públicamente a una persona como "asesino" sin que exista una condena judicial no es un acto de valentía: es una forma de violencia.