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En medio de la conmoción que sigue generando en La Merced la muerte de Tomás Sotero Alancay, el niño de 5 años atropellado el domingo pasado, la investigación sumó en las últimas horas un nuevo movimiento en la sede comunal.
Según pudo saber El Tribuno de fuentes cercanas al caso, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas se presentó en la Municipalidad de La Merced para recabar documentación vinculada a la situación laboral de Miguel Plaza, el hombre acusado por el siniestro.
El objetivo de esa diligencia fue establecer con precisión si Plaza continuaba o no siendo empleado del municipio al momento del hecho. De acuerdo con la información obtenida, los investigadores constataron que ya no prestaba servicios desde febrero.
Fuentes consultadas aclararon que no se trató de un allanamiento, sino de un procedimiento orientado a reunir papeles e informes en el área de Personal, en el marco de la causa que busca reconstruir todas las circunstancias alrededor del caso.
Tensión política en La Merced
La actuación judicial se da en un contexto de fuerte tensión política y social en la localidad, donde crecen los reclamos de justicia por la muerte del niño y también los cuestionamientos al funcionamiento del municipio. En los últimos días, vecinos marcharon en la plaza San Martín y a las puertas de la comuna para exigir respuestas, mientras en la Legislatura avanza el debate sobre un pedido de intervención.
En paralelo, la situación del intendente Javier Wayar continúa bajo observación política. Aunque desde la Cámara de Diputados provincial plantearon que no hay objeciones a su continuidad si el municipio funciona con normalidad, el caso sigue generando repercusiones en la vida institucional de La Merced.