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Tras el veto a la ley de financiamiento universitario y con las protestas atenuadas por el paso de los días, el Gobierno avanzará con los controles sobre las casas de altos estudios y, en esta primera etapa se enfocará en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).
Así lo confirmó ayer el titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Miguel Blanco, quien confirmó que mañana enviará una carta al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, para invitarlo en términos institucionales a abrir un diálogo sobre el plan para auditar las facultades de esa casa de altos estudios.
"El lunes voy a enviar una carta al rector de la UBA para que designe una persona, un enlace, para que mi equipo empiece a planificar la auditoría y que nos ponga a disposición toda la documentación", señaló Blanco, en radio Milenium.
Blanco estimó que "seguramente vamos a comenzar por las facultades más grandes, que tienen más alumnos y mayor cantidad de convenios".
La Sigen quedó habilitada para auditar a las universidades nacionales luego de que la semana pasada el procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, anulara una resolución de su antecesor, Carlos Zannini, que prohibía a ese organismo auditarlas y establecía que era una tarea exclusiva de la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso.
El plan es no solo auditar los fondos públicos que las 61 universidades públicas reciben del Tesoro Nacional, sino también los "2.200 convenios" que firmaron con terceros. Algunos, aclaró, "no tienen importancia porque son por pasantías", pero otros son acuerdos millonarios.
"Nos fijamos cuál es el origen de los fondos y cuándo se recibieron. En el caso de la UBA tiene más de 350 convenios, hay que ver qué fondos se recibieron con esos convenios y con quién se hizo. Hemos encontrado casos de convenios sin licitación pública, esas son cosas que vamos a verificar", explicó.