El Gobierno se esperanza en avanzar con la negociación de los pliegos de los jueces de la Corte Suprema y busca desmarcarse de la campaña del "lawfare", después de la ratificación de la Cámara de Casación de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
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El Gobierno se esperanza en avanzar con la negociación de los pliegos de los jueces de la Corte Suprema y busca desmarcarse de la campaña del "lawfare", después de la ratificación de la Cámara de Casación de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
En la administración libertaria defienden la independencia de poderes, por lo que recibieron casi en silencio la decisión de la Justicia de ratificar la condena a seis años de prisión impuesta a la exvicepresidenta y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos tras la investigación abierta por el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.
Lejos del "lawfare"
Según detallan en Casa Rosada, la idea es obviar cualquier acción que pueda leerse en clave de "proscripción" a la figura de la dos veces mandataria.
De fondo, lo que se busca es impedir que se los asocie al "lawfare" que marcó a fuego al expresidente Mauricio Macri con sus intentonas de probar la corrupción de la gestión kirchnerista, con Cristina Kirchner como objetivo principal.
Para los libertarios, la exmandataria "romantiza la fantasía de ir presa", con el ideal puesto en el desenlace que vivió el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien posteriormente accedió a la presidencia.
Reconocen que Fernández de Kirchner es hoy la única dirigente de la oposición que mide más del 30% en las encuestas, y aseguran que uno de los principales damnificados ante la potencial condena ya de la Corte, es La Cámpora.
Si bien aclararan que no se trata de un proyecto que desvele al oficialismo, la Libertad Avanza y el PRO solicitaron una sesión especial para debatir el próximo miércoles el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes con condena en segunda instancia por corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales.
De avanzar en la aprobación de la Cámara de Diputados la semana próxima y en marzo la del Senado, la exmandataria se vería imposibilitada de ser candidata en 2025.
En paralelo, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, negocia con el arco político para que el Congreso respalde los pliegos de los dos jueces que propuso el Presidente para ampliar la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Los recientes acontecimientos judiciales pueden cambiar la ecuación y facilitar la negociación con Unión por la Patria (UxP) que, apremiados por el futuro de su máxima referente, podrían declinar sus pedidos y respaldar las voluntades del libertario.
Ante este nuevo panorama, el Poder Ejecutivo evalúa convocar a sesiones extraordinarias para tratar el tema o designarlos por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con la garantía de que el peronismo no apostará a rechazarlos.