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Avanza la investigación judicial contra dirigentes sociales y piqueteros por "extorsión" y "facturas truchas". La causa, que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita tiene, al menos, una derivación de máxima importancia en el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella.
En la zona sur del conurbano bonaerense y repartidos en 44 legajos, Armella investiga a más de 80 responsables y referentes de merenderos, comedores y cooperativas de trabajo, que utilizaban la misma metodología para presionar a los beneficiarios del entonces programa Potenciar Trabajo para que asistan a marchas, concentraciones, volanteadas y actos en estadios y espacios públicos en donde debían vivar a los candidatos a gobernador y presidente de la Nación de Unión por la Patria (UxP).
Las organizaciones investigadas
La mayoría de las organizaciones investigadas integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y entre ellas destacan el Movimiento Evita, que encabeza Emilio Pérsico; Barrios de Pie, de Daniel Menéndez y la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete.
Pérsico estaba de los dos lados del mostrador. También era el titular de la Secretaría de Economía Social, que funcionaba bajo la órbita del exMinisterio de Desarrollo Social. Es el mismo caso de Menéndez, que era funcionario en esa repartición y hoy es subsecretario de Economía Popular del gobierno de Axel Kicillof.
También se investiga a organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, que encabeza Eduardo Belliboni, Libres del Sur, cuya principal referente es Silvia Saravia, el Frente de Trabajadores Combativos (FTC) y el Movimiento Teresa Rodríguez.
Denuncias de beneficiarios por presiones
Al juzgado de Armella recayeron -en mayo- dos expedientes en los cuales Casanello se declaró incompetente porque las llamadas al 134, el número habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar denuncias por las presiones que recibían los beneficiarios de planes sociales, habían surgido de domicilios de localidades bonaerenses cuya jurisdicción correspondía al Juzgado Federal de Quilmes.
Por una cuestión práctica, el magistrado y su secretario, Diego Quiroga, dividieron las dos causas en 44 expedientes. Las diligencias judiciales y la investigación en campo quedó a cargo de la Prefectura Naval, cuyos agentes son los encargados de chequear cada uno de los datos denunciados al 134.
Si bien la instrucción lleva poco más de un mes, la investigación "está muy avanzada". Actualmente se siguen acreditando direcciones e identidades de los dirigentes sociales mencionados en las denuncias.