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El litigio judicial por la nacionalización de YPF tuvo ayer una audiencia clave en los tribunales de EEUU, donde la Argentina, el fondo Burford Capital y la petrolera presentaron sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El objetivo del Estado es revertir o reducir la condena de US$16.100 millones más intereses, que ya acumulan cerca de US$2.000 millones adicionales.
Durante la audiencia en el Centro Cívico de Manhattan, los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson escucharon a las partes en un debate que giró en torno a la jurisdicción y la interpretación del derecho argentino. Los abogados de la Argentina, representados por el estudio Sullivan & Cromwell, defendieron que el caso fue mal juzgado por la magistrada Loretta Preska, quien en septiembre de 2023 había responsabilizado al país por el incumplimiento del estatuto social de YPF durante la expropiación de 2012.
Los representantes del Estado insistieron en que las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, financiadas por Burford, no adquirieron acciones en la oferta pública inicial de 1993, sino en transacciones privadas con Repsol en 2008, "rodeadas de serias sospechas de corrupción". Sostuvieron además que los demandantes obtuvieron sus participaciones con una inversión mínima y drenaron recursos de YPF mediante el pago de dividendos, antes de la estatización. Argumentaron que cualquier disputa debía resolverse en la Argentina, de acuerdo con la ley local, y no ante tribunales estadounidenses.
El exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías consideró que las preguntas de los jueces "dejan entrever que el sentido común podría primar", mientras que Sebastián Maril, de Latam Advisors, opinó que "Argentina salió bien parada". En tanto, el exsubprocurador Sebastián Soler sostuvo que "el tenor de las preguntas de dos de los tres jueces sugiere que el país tiene chances".
Desde la Procuración del Tesoro destacaron la claridad y convicción de la defensa, que planteó que la sentencia de Preska "se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en ficciones jurídicas de graves consecuencias". El Gobierno nacional subrayó además que el verdadero impulsor del litigio es Burford Capital, un fondo británico que busca obtener ganancias extraordinarias y "obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales".
Por su parte, Mike Fragoso, abogado de los demandantes, sostuvo que el fallo de primera instancia es "sólido" y que el gobierno argentino "sigue intentando eludir las consecuencias de sus propias acciones". Tras la audiencia, el tribunal quedó en condiciones de fallar en cualquier momento.
El caso por YPF se ha convertido en un emblema de las consecuencias económicas y legales de la expropiación decidida en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, la administración de Javier Milei busca limitar los daños financieros y simbólicos de un juicio que sigue atentamente el mundo de las finanzas internacionales.
Dos jueces cuestionaron la jurisdicción
Al menos dos jueces estadounidenses, en un panel de tres integrantes, cuestionaron ayer que la justicia norteamericana deba resolver en el juicio por la expropiación de YPF, lo que favorecería la posición argentina.
Los magistrados forman parte de un panel de tres jueces en el marco de la apelación argentina de un fallo en primer instancia ante la Corte de Apelaciones de Circuito en Manhattan, cuya audiencia se realizó ayer.
En ella, la Argentina reafirmó que la jurisdicción para resolver el litigio por la nacionalización de la petrolera no es Estados Unidos sino el propio país suramericano.
Las acciones de Burford cayeron más del 15% luego de que los dos jueces hicieran sus comentarios.
Pedirán que funcionarios entreguen sus móviles
La Argentina le informó a la jueza Loretta Preska que le pedirá a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional que cooperen con la justicia de EEUU y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles tal como pidió la magistrada.
El Estado argentino solicitó además que se extienda la fecha de entrega hasta el 21 de noviembre. El pedido de la jueza es parte del proceso de obtención de pruebas solicitado por Burford y tiene el objetivo legal de demostrar que el Estado argentino y la petrolera YPF son la misma entidad ("alter ego").
Si se prueba el alter ego, los demandantes podrían habilitar el embargo de activos de YPF y de otras empresas públicas para asegurar el cobro de la condena.