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La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió este viernes que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte -acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente, según fuentes judiciales.
El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.
La Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero.
El tribunal indicó que el juzgado interviniente deberá evaluar la competencia territorial.
En el allanamiento de la finca de Pilar que habia sido ordenado por Rafecas se hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL.
La finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, es atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a Pablo Toviggino en el marco de una investigación patrimonial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.
Según fuentes del caso, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.
El procedimiento comprende la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que se encontraron en el predio.
La diligencia formó parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la AFA.
En tanto, el juez federal de Quilmes Luis Armella había ordenado este jueves la detención de la tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a esa firma y alcanza a la AFA.