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La "puerta giratoria" que, según el dicho popular, beneficia a los delincuentes, es una de las quejas más frecuentes de los vecinos, especialmente, los de los barrios periféricos, que suelen ver pasar tranquilamente por las calles a personas que unos días antes les robaron (con o sin violencia) y que fueron detenidos por la policía. Esa impunidad es atribuida a la venalidad de jueces o policías, y, más genéricamente, al "garantismo".
Lo cierto es que algunas leyes penales son interpretadas con una visión laxa de las garantías constitucionales, que no es garantismo sino "abolicionismo"; en rigor, un criterio inaplicable, que virtualmente elimina el derecho de la sociedad jurídicamente organizada, es decir, el Estado, con sus jueces y sus policías, para juzgar y condenar a nadie.
Esta posición es celebrada por las elites progresistas, que consideran que el criminal es víctima de la sociedad. Y es aprovechada por políticos oportunistas, predispuestos a sacar rédito de los delitos que cometen bandas con control territorial en "zonas liberadas".
Como contrapartida, es el reclamo firme y resignado de los sectores afectados por las bandas de delincuentes, en especial, los barrios de menores ingresos que son las verdaderas víctimas de los desórdenes sociales.
Frente a esta realidad, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó el jueves pasado una reforma al artículo 50 del Código Penal en la que amplía las atribuciones del juez para agravar las penas de los reincidentes, es decir, de "toda persona que haya sido condenada dos o más veces a una pena privativa de la libertad".
Además, incorpora el concepto de "reiterancia delictiva" para aplicar la prisión preventiva a las personas imputadas por episodios anteriores y que vuelvan a ser detenidas.
Para despejar dudas, la reforma -que ahora será analizada por el Senado -explícita que "nadie puede ser encarcelado sin que existan elementos de prueba suficientes para imputarle un delito reprimido con pena privativa de libertad, conforme a las reglas de este código". La reforma aparece en momentos en que los hechos de violencia criminal se multiplican en los barrios populares. Es inconcebible que el derecho ampare a los delincuentes y se desentienda o hasta culpabilice a las víctimas.
Es cada vez más claro en todo el país el déficit de políticas preventivas, por ineficiencia, escasa capacitación profesional e insuficiencia de medios y recursos de las que adolecen las fuerzas policiales. Pero, además, el agente que interviene en un delito muchas veces termina siendo investigado más que el criminal que lo cometió. Hay un desbalance, que finalmente redunda en un desconocimiento del sentido profundo de los derechos humanos, concebidos para construir la paz social y proteger a todas las personas de la violencia criminal.
Vivimos en un país que en las últimas dos décadas ha duplicado la pobreza estructural y multiplicado el número de hogares en los que conviven hasta tres generaciones de desocupados. A esto se suma la expansión del crimen organizado, que utiliza a pequeñas bandas de desplazados como sus instrumentos delictivos.
Hoy, los presos se encuentran hacinados en cárceles, comisarías y alcaidías, en condiciones infrahumanas. Es decir, ámbitos que en absoluto contribuyen a su reinserción en la sociedad.
El Estado debe garantizar sus derechos a todos los ciudadanos, sin excepción. El enorme deterioro educativo deja a muchos jóvenes sin horizontes. Los reclusos, todos, deben recibir capacitación laboral, ocupar su tiempo en actividades constructivas y habituarse a la disciplina del trabajo. La sociedad necesita que la cárcel sea una escuela de vida y no del delito.
Pero es evidente que quien, por las razones que sean, ha optado por el delito como un modo de vida, no puede estar amparado por leyes ambiguas que terminan siendo funcionales las organizaciones criminales de todos los niveles.