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Más de 2.200 militares y miembros de otras fuerzas de seguridad renunciaron en la primera mitad de 2025, en un contexto de crecientes reclamos por sus salarios, muchos de los cuales se ubican por debajo de la línea de pobreza.
En los primeros seis meses de 2025 presentaron su renuncia 257 efectivos del Ejército, 234 de la Armada, 193 de la Fuerza Aérea, 386 de Gendarmería, 322 de Prefectura, 412 de la Policía Federal, 177 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y 292 del Servicio Penitenciario Federal, alcanzando un total de 2.273 bajas, informó La Nación, que precisó que estas cifras marcan un aumento respecto a la cantidad de renuncias registradas habitualmente en las fuerzas de seguridad.
Tanto en las FFAA como en los organismos de seguridad, las malas condiciones salariales impactan particularmente en las jerarquías más bajas, que perciben salarios por debajo de los $800.000, mientras un capitán y un teniente de navío apenas cobran por encima del millón de pesos. Esos salarios se ubican por debajo de la línea de pobreza fijada por el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), que se elevó en junio a los $1.128.398 para una familia de cuatro integrantes.
A esto se ha sumado también una crisis en el sistema de salud para los empleados de las fuerzas. Pese a las deducciones salariales para la cobertura de gastos médicos, en muchas provincias no hay prestadores o son muy escasos, y los afiliados al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) deben esperar meses para acceder a un especialista o cubrirse de forma particular.
Con un padrón de 600.000 afiliados, Iosfa es la tercera obra social más grande del país, después del PAMI y de IOMA. Se creó formalmente en 2013, a partir de un decreto de Cristina Kirchner.
La situación impacta con especial intensidad en pacientes con patologías graves que requieren medicamentos de alto costo.
El informe mostró que el Estado nacional mantiene impagas las contribuciones correspondientes al pago de aportes -a pesar de la promesa del ministro de Defensa, Luis Petri, de regularizar la situación- y el Iosfa acumula una deuda de $160.000 millones.
En los últimos meses, los sueldos por debajo de la línea de la pobreza de empleados públicos que pertenecen al sector de la salud, la educación y la ciencia, entre otros, han sido motivo de multitudinarias protestas.
Si bien el Gobierno de Milei arremete contra los estatales de manera frecuente en sus discursos y se jacta de la famosa "motosierra" con la que ejerce un severo ajuste fiscal, las fuerzas de seguridad han sido constantemente celebradas y enaltecidas por el Presidente y otros miembros de su Ejecutivo, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.