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El Senado aprobó ayer la baja de la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.
Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.
Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.
El oficialismo argumentó que "aumentaron los delitos cometidos por menores" de entre 12 y 15 años, con una participación "creciente" en delitos graves, lo que genera una sensación de "injusticia" e "impunidad", dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, pretende combatir desde el inicio de la gestión libertaria.
Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de "un marco legal moderno" que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.
Por último, señalaron desde LLA que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben "que no pueden ser procesados" y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.
El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13 años; aunque tuvo que comenzar una "negociación parlamentaria" con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.
Con esa modificación, aseguró el acompañamiento de las fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que señalaban que los 14 años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región.
Ayer, los senadores de la oposición -kirchneristas y de izquierda- rechazaron el proyecto. La reforma de la ley penal juvenil es "mala", sostuvo el senador de UxP Martín Soria. "Comparar y castigar como un adulto a un menor solo va a generar nuevos delincuentes", advirtió.
Claves del régimen penal juvenil
- Edad y garantías: El proyecto fija la responsabilidad penal desde los 14 años, cuando hasta ahora en la República Argentina los menores de 16 eran inimputables. Los adolescentes de 14 y 15 podrán ser juzgados bajo un sistema acusatorio que elimina la discrecionalidad del juez y garantiza investigación fiscal, producción de prueba y defensa desde el inicio.
Se establecen principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, con órganos y centros especializados y prohibición de compartir ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos.
- Penas y límites: El régimen prohíbe la prisión perpetua para menores y fija un tope máximo de 15 años de cárcel, aun cuando la acumulación de delitos superaría ese plazo en un adulto.
La privación de libertad será prioritaria en delitos graves como homicidio doloso, secuestro extorsivo, delitos contra la integridad sexual y robo con armas aptas para el disparo.
El cumplimiento será en establecimientos especializados, separados de los adultos, con escalas de la pena privativa de la libertad reducidas según edad y estándares acordes al desarrollo del adolescente.
- Alternativas y responsabilidad: La prisión será la última instancia para el menor que sea condenado. Para delitos con penas de hasta 3 años, o hasta 10 sin violencia física, muerte o en hechos culposos, el juez podrá imponer tareas comunitarias, restricciones de circulación, prohibición de concurrir a lugares, salida del país o monitoreo electrónico.
Se habilita la mediación en delitos con condenas de hasta 6 años de prisión, siempre con el consentimiento de la víctima, pudiendo extinguir la acción penal si se cumple la reparación. Los progenitores del menor condenado serán civilmente responsables por daños derivados de delitos cometidos por sus hijos.
- Ejecución y financiamiento. La ejecución de la pena contará con un supervisor judicial especializado que acompañará y controlará el proceso de reinserción del menor, asegurando acceso a la educación, a salud y a programas específicos. La libertad condicional requerirá aval del Ministerio Público Fiscal.
Se garantizan estándares de alojamiento con separación permanente de adultos, diferenciación por edad y capacitación del personal. En casos de inimputables, intervendrá la justicia civil con medidas protectoras. La implementación prevé una inversión inicial de $23.739.155.303,08.