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La caída del empleo registrado y el auge del trabajo irregular, sin cobertura ni estabilidad son los síntomas de un país que, desde hace décadas carece de una economía competitiva.
El cierre del FATE y el conflicto del gobierno con la empresa Techint detonaron problemas profundos y acumulados del sistema productivo que ningún gobierno resolverá en poco tiempo.
El falso dilema entre proteccionismo y liberación absoluta para las importaciones no es constructivo, simplemente, porque el Estado no puede cargar con los malos negocios o los eventuales abusos de los empresarios, pero tampoco puede permitir que la producción local quede a merced de importaciones provenientes de países que las subsidian y que les garantizan rentabilidad. Es decir, economías al margen de las leyes del mercado.
Todos los sectores productivos afrontan enormes dificultades por la elevada presión tributaria, el costo laboral, las tasas de interés, los obstáculos para el financiamiento y la caída del mercado interno por la degradación del poder adquisitivo del salario. Pero este no es un problema solo para las empresas, sino para la sociedad. Por eso, es una cuestión que debe abordar el Estado.
Y tampoco es un problema que se haya desencadenado en los últimos dos años. Durante mucho tiempo, el modelo estatista contó con funcionarios y empresarios que se beneficiaron con privilegios y dejaron de lado el desarrollo de competitividad.
En el caso de la industria, hay datos significativos. El INDEC informó que, en diciembre pasado, la economía avanzó 3,5%, pero el sector fabril tuvo un retroceso de 3,9%. Estiman que, en enero, su producción se contrajo 4,4% en la comparación interanual.
El nivel de las tasas recorta el acceso al crédito y las empresas exhiben cautela. La industria mantiene ociosa la mitad de su capacidad instalada. En diciembre, según el INDEC, esa actividad se situó en, apenas, 53,8%. La reactivación de la economía depende de un contexto macro estable que genere confianza y una mejora real en los ingresos de los consumidores locales.
Durante el año pasado, el Gobierno eliminó o redujo más de 19 impuestos y tiene como objetivo para este avanzar con una reforma tributaria. En dos años, además, sancionó 437 normas de desregulación. Hasta ahora, la desregulación parece dar por supuesto que abrir la economía va a incentivar la competitividad de los industriales argentinos. La eliminación de aranceles e impuestos para la importación de bienes que también se industrializan en la Argentina puede beneficiar a las empresas que los demandan, pero llevar a la quiebra a quienes los realizan en el país.
En estos días se registra un boom de importaciones que no alientan la competencia, sino que dejan librada a su suerte a la industria nacional. Es que no hay libre mercado si las reglas de juego internacionales no son parejas. Y no son parejas. La política del presidente Donald Trump se basa, hasta ahora, en el cierre de la economía estadounidense. Y las exportaciones de China provienen de un sistema cuyo Estado interviene en todos los pasos de la producción y la exportación, y que financia a sus empresas en el exterior, incluso, otorgando créditos a los países o a los clientes que los demandan.
Según cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en Argentina cerraron 22.800 empresas y quedaron sin trabajo cerca de 300.000 trabajadores registrados, en dos años.
Es indudable que el proteccionismo destruyó la competitividad y el empleo, y que la ciudadanía optó por otro camino, más transparente. Pero no por un salto sin red. El país necesita un proyecto de desarrollo que se convierta en política de Estado. Sin burocracia y con transparencia. Y que requiere una reforma tributaria, laboral y previsional, acordada con las provincias, y adecuada a las necesidades del país en una época de grandes transformaciones.