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Cuestionado por el manejo del expediente y por presuntas filtraciones, el fiscal federal Eduardo Taiano salió a responder con un comunicado en el que defendió su actuación en la causa $Libra, que investiga la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei en febrero de 2025.
Al respecto, sostuvo que los avances conocidos en los últimos días son resultado directo de su trabajo como investigador. "Quiero aclarar que la investigación avanza y eso es gracias a mi responsabilidad", afirmó. En ese marco, aludió a las recientes revelaciones, entre ellas los contactos que el presidente Milei mantuvo con Mauricio Novelli minutos antes y después del tuit con el que se promocionó el proyecto.
Taiano remarcó que fue la fiscalía la que impulsó los allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos en domicilios vinculados a Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Luego, ordenó la apertura de los teléfonos a través de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), cuyo análisis permitió obtener elementos clave.
Un año de la causa
La causa se inició en febrero de 2025, pocos días después de que Milei difundiera la criptomoneda, cuyo lanzamiento derivó en pérdidas por al menos US$100 millones para inversores. En ese contexto, se investiga una presunta megaestafa.
El fiscal quedó bajo fuerte presión tras la difusión, el 6 de marzo, de información sensible que aún no figuraba en el expediente. Desde distintos sectores lo acusaron de ocultar datos que comprometían al Gobierno nacional. "Si yo ordené el secuestro y el análisis de los teléfonos, ¿cómo podría ocultar pruebas?", respondió.
Entre los elementos recuperados del celular de Novelli hay un documento que menciona un presunto acuerdo por US$5 millones vinculado al apoyo presidencial. Desde el Ministerio de Justicia advirtieron que la filtración podría afectar la validez de esa evidencia. En su defensa, Taiano detalló que el informe preliminar fue enviado el 17 de noviembre de 2025 y el definitivo el 13 de enero de 2026. Este último se incorporó al sistema judicial el 24 de febrero, es decir, antes de la filtración. Y aclaró que, en investigaciones delegadas, no existe obligación de cargar de inmediato toda la documentación en el sistema.