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Una investigación judicial en Buenos Aires dejó al descubierto un entramado tan inesperado como alarmante: reuniones privadas donde se consumían fármacos de uso médico, como fentanilo y propofol, sustraídos de un centro de salud.
El caso salió a la luz tras la muerte de un residente, cuyo fallecimiento activó una serie de allanamientos y peritajes que derivaron en una causa penal y en medidas internas dentro del hospital involucrado.
Cómo eran los encuentros
Según los primeros datos que surgieron de la investigación, estos eventos se realizaban en ámbitos privados y bajo dos modalidades. Por un lado, reuniones entre conocidos; por otro, encuentros organizados con personas que pagaban para participar de experiencias con estas sustancias.
En ambos casos, los asistentes recibían dosis controladas de los fármacos, en un esquema que incluía una suerte de “supervisión médica” improvisada. Incluso, se detectó la presencia de equipamiento para asistencia respiratoria, como dispositivos utilizados en emergencias, ante posibles complicaciones.
Drogas de uso hospitalario y alto riesgo
El propofol y el fentanilo no son sustancias de acceso libre. Se utilizan en quirófanos y procedimientos médicos bajo estrictos controles, debido a su potencia y a los riesgos que implican.
Ambos medicamentos tienen un margen muy estrecho entre una dosis segura y una potencialmente letal. Un leve exceso puede provocar depresión respiratoria o incluso la muerte si no se actúa con rapidez.
Durante los encuentros, se habrían utilizado sistemas de infusión para administrar las sustancias, lo que permitía mantener un suministro constante, pero también aumentaba el riesgo en caso de errores en la dosificación.
La investigación y las medidas
La causa judicial se centra en determinar cómo se produjo el desvío de estos medicamentos desde el ámbito hospitalario hacia usos ilegales. En ese marco, dos profesionales fueron apartados de sus funciones e imputados.
Desde la institución afectada confirmaron el robo de estupefacientes y señalaron que se reforzaron los controles internos para evitar nuevas irregularidades. Además, se avanzó con denuncias penales y acciones administrativas.
Por ahora, la investigación se enfoca en posibles delitos vinculados al uso indebido de recursos institucionales, mientras continúan reuniéndose pruebas para esclarecer el alcance total de estos encuentros.