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El Gobierno nacional decidió acelerar la disputa judicial por la reforma laboral y presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa y deje sin efecto la suspensión de más de 80 artículos de la ley. La estrategia busca evitar el paso por instancias intermedias y obtener un pronunciamiento rápido del máximo tribunal sobre la validez de la norma.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, que actúa en representación de la Secretaría de Trabajo, y apunta a revertir el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo de Raúl Horacio Ojeda. Ese tribunal había dispuesto a fines de marzo una medida cautelar con alcance general que frenó la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 tras un planteo de la CGT.
En el fuero federal
En su escrito, el Gobierno cuestiona de manera central la competencia del fuero laboral para intervenir en el caso. Sostiene que se trata de una controversia contra el Estado nacional con efectos en todo el país, por lo que corresponde que sea analizada en el fuero federal. Así, recuerda que ya existe un pronunciamiento del fuero Contencioso Administrativo que reclamó el expediente.
Otro de los ejes del recurso es la inexistencia de un caso concreto. Según la Procuración, la CGT basó su demanda en argumentos generales sobre la posible afectación de derechos, pero "no identificó acto específico alguno" que le haya generado un perjuicio real. También cuestiona su legitimación para representar al conjunto de los trabajadores y advierte que el juez omitió analizar ese punto.
El Gobierno plantea que la decisión judicial implica una "gravedad institucional" porque un juez de primera instancia suspendió una ley del Congreso con efectos generales. A su entender, esa medida constituye un avance sobre la división de poderes y genera un "perjuicio irreparable" al introducir incertidumbre sobre la vigencia de la normativa laboral.
Cuestionamientos del Gobierno
En el planteo también se cuestiona la forma en que se dictó la cautelar. La Procuración señala que no hubo un análisis detallado de cada artículo suspendido, que la medida coincide con el objeto principal del proceso -lo que estaría prohibido- y que incluso se incluyeron disposiciones que no habían sido solicitadas por la CGT.
El conflicto se originó a partir de la demanda de la central obrera, que pidió la inconstitucionalidad de varios puntos de la reforma por considerar que vulneran derechos laborales y garantías constitucionales. El juez Ojeda avaló ese planteo de manera provisoria al entender que existía una "apariencia razonable" de derecho y riesgo de daños de difícil reparación.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo busca que la Corte Suprema intervenga de inmediato, suspenda los efectos del fallo y restituya la vigencia plena de la ley mientras se resuelve el fondo del asunto. El objetivo es evitar que se consolide un precedente que, según advierte la Procuración, permitiría que cualquier juez pueda frenar normas nacionales con impacto general.