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En un contexto global donde la información se ha convertido en un terreno de disputa estratégica, una serie de documentos filtrados pone a Argentina en el centro de una presunta operación internacional de influencia. La investigación, basada en 76 documentos analizados por un consorcio de medios internacionales, sostiene que una red vinculada a Rusia habría desplegado una campaña de desinformación con el objetivo de incidir en la opinión pública local.
El foco de esa operación, según los registros, habría sido el gobierno de Javier Milei, en un momento clave de su gestión inicial, marcado por fuertes definiciones en política exterior y un clima interno de creciente polarización.
Una red internacional con ramificaciones en Argentina
La investigación fue impulsada por el medio africano The Continent y analizada junto a otros actores como openDemocracy, además de organizaciones periodísticas de Europa y América Latina. En ese entramado aparece mencionada una estructura conocida como “La Compañía”, una entidad que, según los documentos, habría operado en más de 20 países.
De acuerdo con los archivos, esta red habría estado vinculada al servicio de inteligencia exterior ruso (SVR) y a estructuras asociadas al extinto grupo Wagner, lo que le daría una dimensión geopolítica al caso.
En Argentina, su objetivo habría sido claro: influir en el ecosistema mediático para instalar narrativas críticas, amplificar conflictos internos y erosionar la imagen del Gobierno.
El mecanismo: contenidos, intermediarios y dinero
Uno de los datos más relevantes de la investigación es el presunto financiamiento de US$ 283 mil para la publicación de al menos 250 artículos entre junio y octubre de 2024. Estos contenidos habrían sido difundidos en más de 20 medios digitales del país.
Según los documentos, el esquema incluía tarifas que iban desde US$ 350 hasta US$ 3.100 por artículo, aunque no hay confirmación sobre si esos pagos se concretaron ni quiénes habrían sido los beneficiarios directos.
La operatoria, según los testimonios recogidos, no siempre implicaba una relación directa con los medios. En muchos casos, los artículos llegaban a través de intermediarios, presentados como agencias de prensa o consultoras, que ofrecían contenido listo para publicar, a veces sin costo.
Este punto resulta clave: varios editores admitieron que esos materiales fueron publicados con escaso control editorial, en un contexto de precarización del sector y redacciones con recursos limitados.
Firmas falsas y contenido fabricado
Uno de los elementos más sensibles de la investigación es la detección de autores ficticios y perfiles fabricados. Entre ellos aparece el caso de “Manuel Godsin”, presentado como académico europeo, cuya identidad fue desmontada al comprobarse que su imagen correspondía a otra persona y que sus credenciales eran inexistentes.
También se identificaron otras firmas como Gabriel di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto, cuyos perfiles no pudieron ser verificados o estaban asociados a imágenes generadas por inteligencia artificial.
Este tipo de prácticas refuerza una de las hipótesis centrales del informe: la utilización de identidades falsas para “blanquear” narrativas dentro de medios tradicionales, dándoles apariencia de legitimidad.
Narrativas, tensiones y operaciones
El contenido de los artículos no respondía a una única línea. Si bien predominaban las críticas a la situación económica y a las políticas de ajuste, también se detectaron distorsiones, exageraciones y noticias falsas.
En algunos casos, las piezas incluían mensajes favorables a Rusia y cuestionamientos a Estados Unidos, en línea con el contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania.
Uno de los episodios más llamativos fue la difusión de una supuesta operación de sabotaje en Chile atribuida a Argentina, una historia que no pudo ser verificada y que, según los documentos, formaba parte de una estrategia para generar tensión bilateral.
El rol del contexto político y mediático
El escenario argentino en el que se habría desplegado esta operación no es un dato menor. La llegada de Milei al poder implicó un giro en política exterior, con un alineamiento inicial hacia Estados Unidos y Ucrania, lo que generó fricciones con Rusia.
A nivel interno, la combinación de polarización política, crisis económica y cambios estructurales creó un terreno fértil para la circulación de contenidos sensibles.
Según el investigador del Conicet Martín Becerra, citado en la investigación, la precarización del periodismo y la flexibilización de los controles editoriales generan condiciones propicias para este tipo de maniobras.
Respuestas, negaciones y zonas grises
Frente a las revelaciones, la mayoría de los medios mencionados negó haber recibido dinero o formar parte de una campaña organizada. En muchos casos, atribuyeron la publicación de los contenidos a la dinámica habitual de recepción de materiales externos.
Por su parte, el Gobierno argentino informó en 2025 que detectó una presunta red de agentes rusos vinculada a campañas de desinformación. También el Foro de Periodismo Argentino alertó sobre los mecanismos utilizados para influir en el debate público.
Sin embargo, persisten zonas grises: no hay pruebas concluyentes sobre el flujo de dinero ni sobre la responsabilidad directa de los medios en la operatoria.
Más allá de Argentina: el “negocio del caos”
El caso argentino se inscribe en una lógica más amplia. Según los especialistas, las campañas de desinformación no buscan necesariamente imponer una única narrativa, sino generar confusión, desgaste institucional y pérdida de confianza.
En ese sentido, el objetivo no sería tanto favorecer a un actor político específico, sino “pescar en río revuelto”, debilitando el sistema informativo y amplificando las grietas existentes.
La investigación deja abierta una pregunta de fondo: en un ecosistema mediático atravesado por la urgencia, la competencia y la escasez de recursos, ¿cuán preparados están los medios para detectar y frenar operaciones de influencia externas?
Un desafío abierto
Lo que surge de los documentos no es solo una posible injerencia extranjera, sino también un espejo incómodo sobre las debilidades del propio sistema informativo.
La combinación de tecnología, geopolítica y comunicación redefine las reglas del juego. Y en ese tablero, la verificación, la transparencia y la responsabilidad editorial aparecen como piezas clave para sostener la credibilidad.
Porque, en definitiva, la disputa ya no es solo por el poder político, sino por algo aún más profundo: el control del relato.
Fuente
Sofía Álvarez Jurado y Santiago O’Donnell contribuyeron a esta investigación
Equipo de investigación : Lydia Namubiru, Youri van der Weide, Sabrina Slipchenko, Emmanuel Freudenthal, Kiri Rupiah, Ira Dolinina, Léa Peruchon, Édouard Perrin, Katya Hakim, Diana Cariboni, Eloïse Layanand y Sofía Álvarez Jurado.
Medios asociados: openDemocracy, The Continent, All Eyes on Wagner/INPACT, Forbidden Stories, iStories, Dossier Center.