La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso anoche que se practique un aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires, al asegurar que “no existen obstáculos que impidan llevar a cabo la práctica solicitada” por una mujer víctima de una violación.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso anoche que se practique un aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires, al asegurar que “no existen obstáculos que impidan llevar a cabo la práctica solicitada” por una mujer víctima de una violación.
La resolución fue difundida anoche en respuesta a un fallo judicial dictado el martes pasado por la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, quien ayer fue apartada de la causa por la Cámara Civil.
Y ayer mismo, el nuevo magistrado al frente del caso, Miguel Ricardo Guiraldes, había aceptado las apelaciones presentadas por la mujer que solicitó someterse a un aborto no punible y el Gobierno porteño, que había autorizado la intervención quirúrgica en un hospital público.
En un fallo firmado por seis de sus integrantes, la Corte Suprema resolvió anoche suspender la ejecución de la medida cautelar firmada por la jueza Rustán de Estrada.
Además, comunicó a las autoridades de la Ciudad que, ante el pedido de realizar el aborto no punible, “deberán proceder a la realización de la práctica prescindiendo de la resolución judicial que suspendió” la intervención.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, según destacó un comunicado de la Corte Suprema, sostuvieron su decisión en el fallo emitido el 13 de marzo pasado.
“La medida que se adoptará”, dijo el máximo tribunal respecto de la interrupción del embarazo, “es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles”.
La Corte Suprema intervino en el caso tras recibir el planteo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que defina si es ese fuero o el civil el que debía actuar ante el expediente y, en consecuencia, autorizar o mantener suspendido el aborto.
La jueza Rustán de Estrada fue apartada ayer de la causa por la Cámara Civil, que asignó el expediente al magistrado Giraldes, quien aceptó las apelaciones presentadas por la mujer y el gobierno porteño.
En el expediente, que atravesó varios frentes judiciales, quedaron involucrados el jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, denunciado penalmente por difundir datos sobre el caso; los abogados de la Asociación Pro Familia, que pidieron que se suspenda el aborto; y la jueza Rustán de Estrada, cuestionada penalmente.
El director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, por su parte, por “dejar filtrar los datos confidenciales que permitieron el escrache”.
Niegan responsabilidad oficial
Sin culpas: María Eugenia Vidal, vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires
Pese a que fue Mauricio Macri quien deliberada o inocentemente dio a conocer el caso de la joven que se iba a practicar un aborto en la Hospital Mejía, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, desestimó ayer cualquier responsabilidad. Luego de que se conociera el caso, se presentó una medida cautelar que impidió que se practique un aborto no punible a una mujer víctima de una violación y trata de personas. Vidal recordó que desde el Gobierno porteño se apeló la medida y aclaró que “en la Ciudad no se está discutiendo la legalización del aborto, porque para que las mujeres puedan ir a hospitales públicos y puedan hacerlo de manera legal, se necesita una ley del Congreso Nacional”.
En declaraciones formuladas ayer, la vicejefa de Gobierno señaló que la Corte Suprema emitió en marzo un fallo para aquellos casos de mujeres víctimas de violación que fueran a un hospital público solicitando un aborto.
Rememoró que en ese fallo se indicó que no tenían que ir a la Justicia para pedir permiso, sino que “necesitaban una declaración jurada donde reconocieran que fueron violadas” y se le pidió a cada provincia reglamentar el procedimiento.
Vidal enfatizó que a partir de ese momento, “la Ciudad hizo un protocolo para que los hospitales públicos” en el ámbito de la Capital se ajusten al fallo de la Corte.
“Acá no importa la posición personal del jefe de Gobierno, ni la mía ni de los legisladores”, sostuvo la dirigente del PRO. La vicejefa de Gobierno explicó que “paralelamente la Legislatura porteña sancionó una ley con un protocolo, pero para nosotros excede lo que pide la Corte”.
Vidal rechazó la denuncia penal contra Macri por supuestamente no haber resguardado los datos de la paciente.