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El ajuste se hará sentir más aún en Córdoba. Así lo advirtió el gobernador provincial, José Manuel De la Sota, quien dispuso a través de una resolución ayer dar asueto al personal estatal durante todo el mes de enero, con el objetivo de ordenar el “manejo de los recursos materiales y humanos” y a fin de racionalizar el gasto público. El mandatario no aclaró cual es la estimación de ahorro con esta medida.
El mandatario firmó el decreto 1.292 que estableció el receso para enero de 2013 en el ámbito de la Administración Pública Provincial, pero a la vez garantizó que no se afectarán los servicios públicos esenciales y las áreas críticas. Asimismo, permanecerá en funciones el personal que resulte necesario afectar “a guardias mínimas para el cumplimiento de tareas consideradas indispensables”, puntualizó el gobierno provincial.
Además, destacó que la medida fue adoptada para un “ordenado manejo de los recursos materiales y humanos, como así también la racionalización del gasto público”. En este marco, argumentando la decisión afirmó que, “la experiencia indica que en este período se observa una marcada disminución de trámites y gestiones en determinadas áreas”.
Durante ese mes a la Dirección de Jurisdicción de Mesa de Entradas del Ministerio de Administración y Gestión Pública le será asignada la función de Mesa de Entradas de todo trámite o gestión administrativa, para su posterior distribución a las áreas que correspondan.
La normativa estableció que los organismos descentralizados de la Administración Pública Provincial podrán otorgar la licencia anual ordinaria a su personal en el mismo mes, sin afectar la prestación del servicio a su cargo.
La medida de gobierno estableció que estarán exceptuados de ese receso los centros de salud, la Policía, Defensa Civil, el personal del Servicio Penitenciario, algunas áreas del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos y las escuelas de ciclo especial de verano.
Tampoco tomará vacaciones en enero el personal de atención al ciudadano de la Dirección de Rentas y quienes queden asignados por el área del Plan de Contingencias y la Dirección de Jurisdicción de Mesa de Entradas.
Cabe destacar que la decisión se da en un marco de una provincia con los números en rojo y con la reciente disputa con el Gobierno nacional.