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Noviembre, sin haber terminado, ya puede considerarse el mes más traumático en años para el Gobierno nacional. El kirchnerismo padeció en tres semanas la manifestación más grande de los últimos treinta años, la vuelta de los paros generales y los piquetes masivos, un fallo judicial que llena de incertidumbre a la economía, y el primer aumento de tarifas de la década. Eso, en medio de una adelantadísima disputa por la sucesión que lima cada vez más el poder político de la Presidenta.
La incertidumbre en el escenario está obligando al Gobierno a tapar un agujero detrás del otro, alejándose así de su verdadero objetivo a menos de un año de las elecciones legislativas: recuperar la iniciativa política que fue perdiendo al compás del detenimiento de la economía.
Ya no hay anuncios rimbombantes para las clases más bajas ni préstamos que estimulen el consumo masivo de la clase media. Mantener los subsidios generalizados a empresas de servicios públicos, impidiendo que las boletas se vayan por las nubes junto con el ánimo de los usuarios, es ahora el único arma que tiene el Gobierno para minimizar los efectos de la inflación. Pese al aumento de anteayer en las facturas de luz y gas, las tarifas siguen siendo muy bajas gracias a los innumerables fondos estatales puestos en ellas.
Cristina está anoticiada de la enorme cantidad de frentes abiertos que hay ahora en el Gobierno, y fue por eso que eligió descalificar personalmente el paro gremial y no el cacerolazo multitudinario. Una cosa es enfrentarse a sindicalistas desprestigiados que protestan con bloqueos antipopulares y otra a manifestantes apartidarios carentes de representación política. En eso, Cristina parece haber aprendido del sorpresivo 13S, donde las descalificaciones fueron grotescas e inútiles.
La re-re
¿Por qué Julio De Vido, uno de los hombres más cercanos a la jefa de Estado, lanzó justo en este momento el debate por la re-reelección? Estrategia pura. El Gobierno debe mostrarse fuerte y alejar los fantasmas de debilidad que circulan últimamente tras el 8N y el 20N. Hablar de un nuevo mandato de Cristina es revalorizar al extremo su figura en tiempos de turbulencias: lo que se quiere evitar es la pérdida de poder por el goteo del desgaste.
La Casa Rosada sabe a la perfección que las encuestas reflejan un alto rechazo de la gente a una reforma constitucional, pero el sucesor no aparece y el peronismo está cada vez más deliberativo de cara a 2015, ante la falta de señales claras del kirchnerismo.
Ocurre que en tres años la mayoría de los caciques justicialistas deberá revalidar sus cargos en sus provincias y necesitan de un candidato nacional que traccione fuerte a su favor. El nombre de Daniel Scioli ya no disgusta como antes a la mayoría de los gobernadores, pero es resistido con fuerza por el cristinismo más duro. El bonaerense, mientras, sigue marcando pequeñas y casi imperceptibles diferencias con el Gobierno -buscando seducir a los desencantados- pero nunca sacando los pies del plato -en un mensaje a los oficialistas-. El juego de Scioli es no confrontar con nadie y aparecer como el postulante del consenso.
En el peor momento
El fallo de Griesa no pudo ser más importuno para el Gobierno. No porque vaya a poner en jaque a toda la economía, sino porque aporta una sensación de inestabilidad financiera en medio de la incertidumbre política. La sola posibilidad de que se resienta aún más el crédito o que se paralicen inversiones en áreas clave como la energética no favorecen a restablecer un clima de negocios favorable en la Argentina.
El Gobierno hizo lo que tenía que hacer con la obligación de pagarle 1.330 millones de dólares de un plumazo a un fondo buitre: apelarla. La pregunta es qué pasará después cuando esas instancias se acaben. Los fondos especulativos no cesarán en su hostigamiento al país, y los tribunales internacionales no parecen destinados a frenarlos.
Es este caso, Argentina se vería obligada a elegir entre una mala opción y una peor. Si le paga al fondo NML, el resto de los deudores -hayan entrado o no al canje- reclamará el mismo trato. Si no les paga, la posibilidad de entrar en un default técnico que aisle aún más a la economía solo dificultaría el crecimiento del país. La encrucijada muestra con claridad que el desendeudamiento del país es más una expresión de deseos que una realidad concreta.
Las acusaciones de colonialismo a Griesa y las descalificaciones a los fondos buitre pueden ayudar en la batalla dialéctica, pero no tendrán ningún resultado en la práctica. Hay momentos en donde los discursos empiezan a ser estériles ante los hechos: pasado el cacerolazo nacional, el paro general y el fallo de Griesa, ese momento parece haber llegado.