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En una sorpresiva decisión que seguramente profundizará los cortocircuitos entre el Gobierno nacional y la Sociedad Rural Argentina, la presidenta Cristina de Kirchnber decidió expropiar el predio ferial que esa entidad agropecuaria explota en el barrio porteño de Palermo. Más allá de los argumentos que se esgrimieron para tomar esa decisión, basados en el supuesto “precio vil” por el que el Estado le vendió a La Rural el predio en 1991, es evidente que la medida agravará las ya deterioradas relaciones entre la Sociedad Rural y el kirchnerismo.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunció ayer que el Estado nacional se hará cargo nuevamente del “inmueble denominado Predio Ferial de Palermo” al disponer la “nulidad absoluta del decreto 22.699 del año 91” que dispuso la venta directa de ese espacio a la Sociedad Rural Argentina.
Si bien la decisión fue sorpresiva, en octubre militantes ligados a Guillermo Moreno habían lanzado una consulta por Facebook para que la gente diga qué debería hacerse en ese predio si era del Estado.
En una conferencia de prensa, Abal Medina dijo que la Presidenta instruyó “a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que en su carácter realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble” y que determine las “compensaciones que pudieran resultar de la revocación dispuesta”.
El jefe de Gabinete subrayó que los 30 millones de dólares pagados por el predio en su momento resultan “un precio vil” y que “representa menos de la mitad del valor determinado por el Tribunal de Tasación de la Nación”.
Recordó que, en esa oportunidad, “la tasación fue realizada por el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad” y que “la venta del predio fue realizada en forma directa, evitando los mecanismos vigentes que eran concurso o licitación pública”.
También enfatizó que “se le concedió a la Sociedad Rural Argentina un plazo de 10 años para saldar el valor del inmueble cuando tal prerrogativa estaba prohibida”.
Abal Medina además hizo referencia a la causa que tiene a su cargo el juez Sergio Torres en la que se procesó al exministro de Economía Domingo Cavallo y a funcionarios y a directivos de la Sociedad Rural de aquella época, por el delito de “peculado”.